FACUA Extremadura pide en la Asamblea que se establezca un mayor control sobre los comercios ambulantes

El presidente de la asociación, José Manuel Núñez, ha comparecido ante la Comisión de Economía para presentar alegaciones a la propuesta de Ley de Comercio Ambulante.

FACUA Extremadura pide en la Asamblea que se establezca un mayor control sobre los comercios ambulantes
El presidente de FACUA Extremadura, José Manuel Núñez, en un momento de su comparencencia ante la Asamblea de Extremadura.

El presidente de FACUA Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido este jueves 28 de junio en la Comisión de Economía de la Asamblea de la comunidad para presentar alegaciones a la propuesta de Ley del Comercio Ambulante de Extremadura.

En su intervención, Núñez se ha centrado en la necesidad de establecer un mayor control a la hora de conceder autorizaciones a los comercios ambulantes y articular mecanismos que permiten vigilar que durante el tiempo de la concesión, que la propuesta establece en quince años, se siguen cumpliendo los requisitos para mantenerla. En caso contrario, "las Administraciones deberían proceder a retirar inmediatamente la autorización concedida", ha afirmado Núñez.

Desde FACUA Extremadura, también han considerado que algunos de los criterios que establece el nuevo texto para conceder una autorización no resultan pertinentes. "No compartimos como criterio a valorar que el comerciante se encuentre en posesión de algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante. Esta clase de sellos privados no poseen ningún carácter oficial ni ningún control por los poderes públicos", ha asegurado Núñez.

De igual forma, la asociación no comparte que la propuesta de ley incluya como "defensa de los intereses de las personas consumidoras" la "variedad de la oferta comercial". El presidente de FACUA Extremadura ha dejado constancia que esta defensa se produce cuando "el empresario respeta y vela por el cumplimiento de los derechos básicos que debe poseer todo consumidor así como cuando da cumplimiento en su actuaciones de toda aquella normativa vigente". Así, para la asociación una oferta comercial variada no puede tenerse en consideración a la hora de conceder o no una autorización.

Tampoco comparte que el nuevo texto incluya la renovación automática por quince años de aquellas licencias que ya estuvieran concedidas antes de la entrada en vigor de la nueva normativa. "Podrían existir un gran número de comercios ambulantes que ejercieran su actividad durante años sin adaptarse a la nueva ley", ha asegurado Núñez, que ha exigido que no se conceda una prórroga a estas licencias, sino que se espere a que se tengan que ir renovando cuando vayan caducando.

Además, ha exigido que todos los comercios ambulantes deben tener un seguro de responsabilidad civil y que debe informarse al consumidor de los datos de la aseguradora que presta el servicio de forma que pueda exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar. Núñez también ha afirmado que junto a esta información también debe estar a disposición del usuario "los métodos de pago admitidos, si el producto es de primera o segunda mano, y en qué dirección, email, teléfono, días u otro establecimiento podría dirigirse el consumidor para ejercitar la garantía".

En cuanto al establecimiento de infracciones y sanciones, la asociación ha pedido que se amplie el "supuesto de extinción" de una autorización cuando se cometa una infracción grave o muy grave. Núñez ha defendido que debe indicarse que la imposición de una infracción de este tipo "debería conllevar el cese inmediato de la actividad, así como la retirada de la autorización, con independencia de que dichas sanciones pudieran conllevar o no la revocación de la concesión".

En este sentido, el presidente de FACUA Extremadura también ha criticado que infracciones como no informar al consumidor de los precios, no poner a disposición de la autoridad facturas o tickets y no facilitar hojas de reclamaciones sean consideradas leves. Estas prácticas "limitan derechos básicos del consumidor y le impiden poder reclamar cualquier abuso empresarial", ha asegurado. Núñez ha exigido, por tanto, que se eleven a infracciones graves.

El incumplimiento de la normativa sanitaria y la no contratación del seguro de responsabilidad civil son otras dos infracciones que la asociación considera que deberían pasar de graves a muy graves. Además, Núñez también ha defendido que el marco sancionador debe incluir sanciones con cuantías más elevadas, para "evitar que el empresario obtenga un lucro derivado de la infracción cometida, así como conseguir un efecto disuasorio para el resto".

Para finalizar, el presidente de FACUA Extremadura también ha hecho hincapié en la necesidad de que aumente el plazo de prescripción para las sanciones leves, que el nuevo texto establece en sólo dos meses, debido al poco margen que da a las administraciones para que puedan investigar y sancionar una conducta contraria a la normativa.

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