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Un nuevo marco de protección para los consumidores europeos

La Unión Europea debería ser más ambiciosa en la defensa de sus derechos. FACUA considera que el amparo de estos pasa por un cambio profundo de su reconocimiento como sujetos activos de derechos, no sólo de gasto.

Por Olga Ruiz Legido

La Comisión Europea está configurando el nuevo marco de protección de los consumidores. El documento, que recoge el acuerdo de la Comisión, para lograr que todos los consumidores europeos se beneficien de sus derechos, afirma que las condiciones para estos han mejorado en los últimos años en el conjunto de la Unión Europea (UE) gracias a sus políticas y a las decisiones adoptadas en estos años, en los que los intereses de los consumidores han constituido un tema central de su actividad.

La realidad dista bastante de tales afirmaciones y de la eficacia de las decisiones de la Comisión en unos años duros para los consumidores europeos y para el reconocimiento y efectividad de sus derechos.

Las prácticas abusivas a gran escala que han afectado a los consumidores de la UE han puesto en evidencia las debilidades de la protección de los consumidores en el mercado único y un escaso nivel de cumplimiento de la legislación de la UE en materia de consumo por parte de los Estados miembros. En 8 años (de 2008 a 2016) la mejora efectiva para los consumidores ha sido escasa en este ámbito y en ello existe una clara responsabilidad del ejecutivo comunitario.

El nuevo marco de la Comisión para los consumidores fija como objetivos los siguientes:

• Modernizar las normas actuales y colmar las lagunas en el acervo existente en materia de consumo.

• Ofrecer mejores oportunidades de recurso para los consumidores, apoyar la aplicación eficaz y una mayor cooperación de las autoridades públicas en el mercado único, justo y seguro.

• Reforzar la cooperación con los países socios que no pertenecen a la UE.

• Asegurar la igualdad de trato para los consumidores en el mercado único y abordar cualquier problema de calidad dual de los productos de consumo.

• Mejorar la comunicación y el desarrollo de capacidades para que los consumidores conozcan mejor sus derechos y ayudar a los comerciantes a cumplir más fácilmente sus obligaciones.

• Analizar los retos futuros de la política de consumo en un entorno económico y tecnológico en rápida evolución.

Para alcanzar estos objetivos, propone cambios en el marco legislativo complementados por un conjunto de acciones no legislativas.

Del conjunto de medidas propuestas se desprende que Europa sigue viendo al consumidor como sujeto pasivo, como un instrumento de gasto necesario para que funcionen los mercados; pero son estos su eje central y su principal preocupación: su auténtico sujeto de derechos.

La Europa que hasta ahora se ha diseñado no ha tenido como objetivo prioritario la protección de los intereses de la ciudadanía ni la protección frente a los riesgos contra su salud, su seguridad y sus derechos económicos. El objetivo principal siempre han sido los mercados. La protección de los consumidores y usuarios ha sido el instrumento utilizado para generar la confianza ciudadana en ellos, asegurando el beneficio empresarial. En este contexto, el consumidor europeo es tratado como sujeto de derechos siempre que sea sujeto de gasto y solo si sus derechos no implican un mayor coste para las empresas.

La UE nace y se constituye como un acuerdo entre mercaderes, y esto sigue siendo así sin que se haya superado este estadio y avanzado realmente hacia una Europa de la ciudadanía. Este debería ser el gran reto: reconocer la protección de los consumidores como derecho propio y no como mero instrumento al servicio de los mercados.

FACUA considera que la protección de los consumidores y usuarios pasa por un cambio profundo de concepción y de reconocimiento de aquellos como sujetos activos de derechos, no sólo de gasto. Los derechos de los consumidores deben condicionar la regulación y el funcionamiento de los mercados y no al revés, como ha sido hasta ahora. En este sentido, la eliminación de trabas para el ejercicio de la actividad empresarial no debería ser una prioridad política de la protección de los consumidores y no debería tener encaje en un documento de la Comisión encaminado a dicho fin. Hasta ahora, la eliminación de requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial ha sido en detrimento de dicha protección, con el resultado de la eliminación de procedimientos y que implican más garantía para los consumidores.

Por otra parte, las políticas de protección de los consumidores deberían ser abordadas como políticas de protección de la ciudadanía en general, desde una concepción global para la consecución de una mayor y mejor calidad de vida. Por tanto, debe avanzarse en que sea un principio inspirador de todas las políticas de la UE y reforzar su carácter transversal en el seno de la misma.

La Comisión Europea también se olvida en su nuevo marco de protección de los consumidores de fijar como prioridad la universalidad en el acceso a los servicios de interés general. Es necesario que la regulación europea reconozca el derecho de los usuarios al acceso a los suministros básicos y esenciales: agua, saneamiento, luz y gas; sin exclusión y garantizando su acceso universal. Igualmente, la regulación europea tiene que evolucionar y mejorar en lo relacionado con el control efectivo de las empresas que prestan servicios públicos de interés general.

El acceso a los servicios básicos (agua, saneamiento, energía) es esencial para el desarrollo humano y la salud. Las reformas en el sector de los servicios públicos (privatizaciones entre otras) han generado exclusiones y no hay constatación de que se haya avanzado en eficiencia y calidad en la prestación de estos servicios a los usuarios. La regulación nacional, desarrollada en estos años bajo el paraguas de las directivas europeas de liberalización y privatización de servicios esenciales, no ha garantizado precios asequibles ni ha reportado mayor calidad en su prestación. Por el contrario, hoy, en buena parte de los países miembros de la UE los problemas radican en una creciente pobreza energética, la necesidad de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento y la exclusión de colectivos vulnerables del acceso a bienes y servicios esenciales. Por tanto, existe un importante déficit de regulación y de control en este ámbito, que opera en perjuicio de los consumidores, en general, y de la ciudadanía más vulnerable, en particular, generándose una clara discriminación en el acceso a servicios básicos de interés general.

Europa debería apostar por unos servicios públicos y de interés general de calidad y accesibles a todos, según lo dispuesto en la Carta de Derechos Fundamentales.

En el nuevo marco de protección de los consumidores europeos, la Comisión Europea debería reforzar la seguridad general de productos y alimentos y avanzar en una mayor transparencia en la información sobre riesgos. En este sentido, es exigible una mayor transparencia e información sobre los riesgos y sobre las medidas de intervención en los mercados (suspensión y retirada de productos) así como una mayor implicación y participación de los consumidores y de sus organizaciones representativas, excluidas actualmente de los circuitos de las diferentes redes de alerta, tanto Rapex como la Red de Seguridad Alimentaria.

Mientras que la Administración y el sector empresarial forman parte de las redes de alerta, los consumidores estamos excluidos del sistema y sólo tenemos asignado un papel pasivo como meros receptores de una información muchas veces sesgada. Esto, además, se produce en un contexto en el que las administraciones nacionales cuentan con menos recursos, se fomenta el autocontrol en detrimento del control y supervisión de los mercados por los poderes y organismos públicos y se regula diluyendo la responsabilidad de los agentes que intervienen en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.

Otro reto pendiente para la Comisión es promover y facilitar un auténtico control de los mercados en beneficio del consumidor. En este sentido, es preciso que Europa garantice la existencia de organismos reguladores y de control de los mercados independientes y neutrales, tanto de ámbito nacional como europeos, así como la participación de las organizaciones de consumidores en sus órganos consultivos y de dirección, preservando un equilibrio con los operadores económicos.

Debe revisarse también el modelo de autorregulación empresarial que se está implantando en Europa, que no garantiza una adecuada protección de los consumidores y usuarios. La Comisión Europea viene trabajando e impulsando la regulación voluntaria, si bien la experiencia demuestra que la proliferación de códigos de buena conducta y de cualquier otro sistema de regulación voluntaria carente de control externo, de un seguimiento efectivo y de mecanismos efectivos para resolver los conflictos, provoca abusos, genera confusión y más desprotección en los consumidores.

Por ello, es preciso explorar sistemas de corregulación donde participen las organizaciones de consumidores y las administraciones competentes. En todo caso, estos instrumentos deben ser complementarios de la legislación vigente, ofrecer auténticos beneficios y garantías accesorias a los consumidores sin que puedan considerarse como alternativos o sustitutivos de las obligaciones legalmente establecidas para los operadores económicos. La corregulación debe establecer sistemas de control eficaces y el establecimiento de un régimen sancionador efectivo y disuasorio en caso de incumplimiento de los convenios.

La Comisión debería también aumentar los mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de los compromisos y regulaciones asumidas por los Estados. La protección de los consumidores y usuarios debe dotarse de mecanismos e instrumentos de seguimiento periódico que permita conocer cómo se implementan las medidas aprobadas y los compromisos asumidos por los Estados, así como dotarse de herramientas que permitan una comparativa de las regulaciones nacionales de trasposición y aplicación de la normativa europea en sectores de interés general para la ciudadanía de toda la comunidad. Estos mecanismos de seguimiento y control deben estar participados por las organizaciones de consumidores y usuarios, garantizando una mayor transparencia de la UE y de los compromisos asumidos por los Estados que deben ser conocidos por la ciudadanía.

El nuevo marco comunitario no puede obviar, como hace, una mejora de la participación de los consumidores y sus organizaciones representativas. La participación de los consumidores es insuficiente. Existe un gran desequilibrio en Europa entre la presencia e intervención de la empresa y el capital, representados por grandes grupos de presión, y la representación de los consumidores, limitada y ejercida a través de la Organización Europea del Consumidor (BEUC).

Los procesos regulatorios deben ser más participativos y transparentes, garantizando el equilibrio entre las partes y que los intereses de los consumidores no sean eclipsados por los intereses y preocupaciones de las empresas proveedoras de bienes y servicios, cercanas a los grupos de poder y de toma de decisiones. En esta línea, deben prohibirse las puertas giratorias que dominan Europa.

Sería preciso avanzar y mejorar en la participación de las organizaciones de consumidores europeas, formen parte o no de la BEUC, de manera plural y más democrática, y abandonando una representación excluyente y poco transparente como la actual.

La BEUC no acoge a todas las voces del movimiento consumerista en Europa y no representa a todas las organizaciones europeas miembros de pleno derecho de Consumer International.

Por tanto, avanzar en gobernanza y en pluralidad supone también avanzar en representación, participación e integración de otras organizaciones de consumidores, dejando atrás sistemas excluyentes en cuanto a la representación de los consumidores y permitiendo la apertura de las organizaciones y voces nuevas dentro de ellas.

Debe potenciarse una mayor implicación ciudadana y participación en los asuntos europeos, siendo esto responsabilidad de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales.

Asimismo, hay que potenciar un mayor conocimiento e información sobre Europa y establecer mecanismos que mejoren la participación ciudadana y de organizaciones sociales en los asuntos sometidos a su marco de decisión. Es importante el refuerzo de los canales de contacto e interlocución con los ciudadanos europeos y sus organizaciones representativas, así como la revisión del papel de los Centros Europeos del Consumidor (CEC), con el objetivo de reforzar y, en su caso, ampliar sus funciones para que realmente sean instrumentos eficaces de enlace, asesoramiento, asistencia y apoyo al consumidor europeo y a sus organizaciones representativas.

Por último, se hace necesario profundizar en una mayor conectividad y cooperación entre las asociaciones de consumidores y usuarios en las relaciones trasnacionales. Esta tarea debería ser tutelada por la Dirección General de Justicia y Consumidores, a quien compete el impulso de las políticas de protección de los consumidores y usuarios. Además, debería tener como objetivo facilitar la relación, el contacto y el trabajo conjunto entre organizaciones de consumidores y usuarios tanto europeas como fuera de Europa, incluyendo América Latina y El Caribe, como una de las medidas que pueden propiciar el fomento de un movimiento de consumidores influyente y con capacidad de intervención en el mercado y propiciando el empoderamiento de las organizaciones de consumidores.

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Olga Ruiz Legido es la secretaria general de FACUA.

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