Fraudes masivos: la historia se repite, una y otra vez

¿Cómo iban a sospechar en el Ministerio de Fomento que, como siempre ocurre cuando se producen cancelaciones masivas de vuelos, la aerolínea no iba a informar a los pasajeros de sus derechos y les negaría la asistencia, las compensaciones y las indemnizaciones que establece la legislación? ¿Cómo iban a sospechar las autoridades de salud y consumo autonómicas que las clínicas dentales sobre las que estaban recibiendo avalanchas de denuncias iban a seguir cometiendo las mismas irregularidades con los nuevos clientes que seguían captando? ¿Cómo iban a sospechar las comunidades autónomas que esos jamones extraordinariamente baratos sobre los que no realizaban controles esconderían la más mínima anomalía?

Este verano, las decenas de miles de usuarios que han sufrido las cancelaciones de cientos de vuelos de Ryanair tendrán que batallar para que la compañía asuma sus obligaciones legales. Y muy posiblemente tendrán que hacerlo en los tribunales, porque la multinacional no tiene especial preocupación por las multas que pueda imponerle el Ministerio de Fomento por saltarse el reglamento europeo que regula los derechos de los pasajeros. La sanción más elevada que establece la ley de seguridad aérea por una infracción muy grave es de 4,5 millones de euros, una cantidad ridícula en comparación con las decenas de millones que la compañía tiene que abonar en concepto de compensaciones por las cancelaciones (entre 250 y 600 euros por billete, según la distancia del vuelo), la asistencia a los usuarios durante la espera hasta que son reubicados en nuevos vuelos (comida, hoteles...) y las indemnizaciones por los daños y perjuicios (pérdida de vuelos de conexión, cantidades abonadas por noches de hotel, alquiler de apartamentos turísticos, entradas de conciertos, parques de atracciones...). La citada ley ha sido objeto de actualizaciones en los últimos tiempos, pero el Gobierno de turno nunca ha valorado la necesidad de endurecer el marco sancionador para equipararlo al beneficio que obtiene una empresa si decide saltarse sus obligaciones. Como tampoco ha valorado la necesidad de aplicar sanciones cada vez que tiene conocimiento de irregularidades por las denuncias de los usuarios y sus asociaciones. Ni la de poner en marcha los protocolos de inspección mínimos que serían razonables: en España ni siquiera hay de forma permanente inspectores del Ministerio en los aeropuertos.

Este verano, cientos de miles de pacientes de iDental se han encontrado con que todas estas clínicas odontológicas han terminado cerrando y dejándoles colgados contra sus tratamientos a medias o sin empezar y, en los casos más graves, con sus bocas destrozadas por las malas prácticas que se cometían en esta empresa. Las irregularidades, que ya son objeto de una macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional, fueron silenciadas por las autoridades. Tras el cierre de las clínicas, los consumidores nos hemos enterado de que numerosas autoridades autonómicas llevaban años recibiendo multitud de denuncias de pacientes, que habían confirmado, abierto expedientes sancionadores e impuesto multas -de ínfima cuantía, como es habitual- ante muchas de las prácticas fraudulentas denunciadas e incluso que existían denuncias de algunas administraciones en la Fiscalía al haber apreciado la posible existencia de delitos. Todo lo que hicieron los políticos que tienen que velar por la protección de nuestros derechos como consumidores se desarrolló en silencio, como si la prioridad ante un fraude debiera ser que nadie se entere de su existencia, para no molestar al defraudador, no fuera a ser que no pudiese seguir defraudando tranquilo.

Este verano, este escandaloso verano de fraudes masivos, los consumidores también hemos asistido atónitos a la espectacular retirada del mercado de jamones y embutidos que se ponían a la venta tras falsearle el etiquetado para ocultar que estaban caducados, en numerosos casos incluso podridos. Algunas de las marcas se vendían en grandes cadenas de distribución, entre ellas Carrefour. Una de las empresas que investigan varios juzgados es nada menos que Comapa, la principal distribuidora de ibéricos de España. Y en medio de todo, nos encontramos con que en Andalucía, una de las comunidades autónomas donde la Guardia Civil ha decomisado toneladas de productos en mal estado, la Junta ha silenciado los nombres de las empresas implicadas.

Con los fraudes masivos, la historia se repite una y otra vez. Controles escasos, fraudes que cuando se detectan son ocultados y sanciones de fogueo. Una espiral con la que ningún responsable político, ni a nivel estatal ni autonómico, ha sabido o querido acabar.

Este mes de julio se han cumplido 35 años desde que FACUA nació como federación de ámbito andaluz. Y este año hace 15 que nos expandimos a nivel estatal. Como siempre desde que empezanos nuestra andadura, desde nuestra independencia tendemos la mano al nuevo Gobierno de España y a los de las comunidades autónomas, sean del color político que sean, para colaborar en la defensa de los derechos de los consumidores, para mejorar la legislación, para impulsar más y mejores controles, para informar a la opinión pública sobre los abusos y fraudes que se producen en el mercado. Ojalá haya altura de miras para prevenir el próximo fraude masivo que hoy se está fraguando y para ser contundente con los últimos que han estallado.