En vez de aplicar el impuesto a la banca, el Gobierno valora financiarle el arreglo de pisos embargados

Es una de las medidas que baraja Fomento para fomentar alquileres a precios más bajos. FACUA considera aberrante regalar dinero público a los especuladores en lugar de aprobar un gravamen por los pisos vacíos.

En vez de aplicar el impuesto a la banca, el Gobierno valora financiarle el arreglo de pisos embargados

FACUA-Consumidores en Acción considera aberrante la medida que estudia el Ministerio de Fomento de financiar con dinero público la reforma de pisos que la banca y los fondos y sociedades de inversión se han quedado tras los desahucios a sus propietarios. Se trataría de un incentivo para que los alquilasen a precios por debajo de los actuales durante un periodo de tiempo.

En opinión de la asociación, resulta inaceptable que el Gobierno valore costear con dinero público una parte de la bajada de los alquileres para promover el parque de 20.000 viviendas de alquiler asequible que anunció el ministro José Luis Ábalos en el Congreso. En este sentido, FACUA reclama que en lugar de dar dinero a los especuladores, se sancione mediante un gravamen a los bancos, fondos de inversión e inmobiliarias que tengan viviendas vacías.

FACUA critica que, además de dar marcha atrás en el anunciado impuesto a la banca, el Ejecutivo pueda acabar regalando más dinero público a las entidades que han desahuciado a cientos de miles de familias. Desahucios que en un alto porcentaje de casos se produjeron como consecuencia de que las víctimas no tenían capacidad para pagar hipotecas infladas fraudulentamente con la cláusula suelo o mediante la aplicación de otra cláusula -de vencimiento anticipado- que en los últimos tiempos está siendo declarada nula por los tribunales por su carácter abusivo.

La idea que maneja el equipo de trabajo del Ministerio de Fomento es, según ha publicado el diario El País, que la financiación pública para la reforma de pisos a cambio de que sean alquilados a precios por debajo del mercado actual no se destinaría a particulares, sino a los grandes tenedores, esto es, bancos, fondos buitre y Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). Es decir, la ayuda pública se destinaría precisamente a las entidades que se hicieron con los pisos tras el desahucio de sus propietarios o comprándoselos a la banca con enormes descuentos.

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