FACUA Andalucía muestra su preocupación por la situación de la renta mínima de inserción social

La federación ha tenido constancia de que existen beneficiarios de la prestación que llevan más de siete meses esperando recibir la ayuda y sin recibir información sobre ella.

FACUA Andalucía muestra su preocupación por la situación de la renta mínima de inserción social

FACUA Andalucía muestra su preocupación por los retrasos en el pago que están sufriendo los beneficiarios de la renta mínima de inserción social que aprobó la Junta de Andalucía en diciembre de 2017. Según denuncian los afectados, los solicitantes que pidieron la ayuda en febrero no saben nada aún y está siendo ahora, en septiembre, cuando las personas que presentaron su solicitud en enero están empezando a recibir los pagos, ocho meses después.

La federación tiene previsto pedir información sobre este asunto, y conocer los motivos a los que se deben los retrasos y la falta de información por parte de la Junta que también están denunciando los solicitantes, en la próxima reunión de la permanente del Consejo de Servicios Sociales, del que FACUA Andalucía forma parte.

La renta mínima de inserción social fue aprobada por decreto ley el pasado mes de diciembre con una dotación de 819 millones de euros previstos para el periodo 2018-2021, siendo 198 millones para el presente año. La Junta de Andalucía prometió entonces que se iban a beneficiar 12.000 personas, 45.000 familias, durante 2018 y que la ayuda oscilaría entre 419 y 779 euros mensuales durante doce meses prorrogables.

El Defensor del Pueblo Andaluz también ha informado de que está recibiendo multitud de quejas de afectados a través de su web. Al organismo dirigido por Jesús Maeztu le han llegado, según ha hecho público, 181 quejas y 850 consultas relacionadas con la renta mínima, en concreto, con la demora en el pago y las denegaciones de la solicitud.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha informado de que existieron "problemas para solicitar la renta", pero que consiguieron resolver con "refuerzo de personal", aunque también han admitido que hubo dificultades en las resoluciones y que se tuvo que bajar el nivel de requisitos para ampliar la concesión de la prestación. Lo que la Junta no da, sin embargo, son datos, ya que asegura que no dispondrá de ellos hasta principios de 2019.

El decreto ley fue modificado recientemente para eliminar una serie de trabas, como que al solicitante se le negaba la prestación si aceptaba un contrato donde se le daba de alta días determinados, aunque no sumaran un mes, pero sí se le concedía la ayuda si trabajaba un mes completo. Igualmente se eliminaron restricciones para las mujeres víctimas de maltrato. FACUA Andalucía, sin embargo, aún desconoce si estas medidas han supuesto una agilización en el trámite de solicitud de la ayuda.

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