FACUA advierte de que la medida anunciada por Ribera bajará la luz poco más de lo que cuesta un café

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ve "una tomadura de pelo" que la ministra anuncie "con tanta grandilocuencia" la suspensión del impuesto a la generación, algo que pedían las propias eléctricas.

FACUA advierte de que la medida anunciada por Ribera bajará la luz poco más de lo que cuesta un café

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la nueva subida en el precio del kWh que se está produciendo en septiembre superará por sí sola la rebaja en el recibo que provocará la suspensión del impuesto a la generación anunciado este miércoles por la ministra Teresa Ribera.

En la primera mitad de septiembre, la factura del usuario medio se ha encarecido en otro 3,4% (2,74 euros), según el análisis de FACUA. De mantenerse este porcentaje al finalizar el mes, el incremento interanual sería del 15,8%.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, considera "una tomadura de pelo" que la ministra para la Transición Energética haya afirmado que su medida va a "aliviar la factura eléctrica a los consumidores". Una factura que según los análisis de la asociación se ha encarecido en un 85,7% para el usuario medio en los últimos 15 años, nada menos que 37,26 euros mensuales -tomando como referencia las tarifas semirreguladas de agosto de 2003 y 2018-.

"El descuento en el recibo que puede derivarse de la bajada del impuesto a la generación del 7% a casi cero representará poco más que el precio de un café", denuncia el portavoz de FACUA, que califica de "bochornoso" que Ribera "haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy y cuyo partido ahora también pide su eliminación".

Reivindicaciones al Gobierno

FACUA ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La asociación denuncia que la liberalización del sector iniciada en la etapa de José María Aznar ha sido una auténtica estafa a los consumidores y reclama medidas que pongan freno a las prácticas que lleva a cabo un oligopolio que no sólo no quiere competir, sino que especula con unas tarifas que están infladas artificialmente.

La semana pasada, el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que le entregó un informe con las Valoraciones y propuestas de FACUA sobre el suministro eléctrico, garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha contra la pobreza energética.

La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de FACUA. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por la asociación tomando como referencia las tarifas de los últimos doce meses con la aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales que representaría la aplicación del IVA superreducido.

La principal medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

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