Hogar

El mínimo vital del agua

El Gobierno central quiere establecer un bono social para el agua, pero esto no garantiza el derecho humano a su suministro. La recomendación de 100 litros por habitante y día de la ONU es la mejor opción.

Por Ricardo Gamaza

"No es un negocio, es un derecho". Es el lema que se lee en miles de camisetas de las plataformas y redes por el agua pública que se han multiplicado estos años a lo largo y ancho del territorio nacional. La guerra del agua no se libra sólo contra las empresas multinacionales que han visto cómo vender el agua urbana es un negocio rentable y seguro, sino también contra los ayuntamientos que en muchos casos han cedido esa gestión (que es una competencia municipal) a empresas privadas a cambio de un canon concesional: el pago millonario que la empresa privada hace al consistorio, que le cede la administración del suministro durante 25 años o incluso más tiempo.

Uno de los problemas que ha suscitado siempre la privatización de la gestión de un bien básico como este es que, al considerarse como un producto mercantil, quien no puede pagarla no tiene derecho al suministro de agua en su domicilio. Se le corta el grifo. Los mecanismos de ayudas sociales e instrumentos similares que los ayuntamientos han dispuesto para evitarlo se han demostrado lentos, incompetentes e ineficaces en muchos casos.

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