Hogar

El mínimo vital del agua

El Gobierno central quiere establecer un bono social para el agua, pero esto no garantiza el derecho humano a su suministro. La recomendación de 100 litros por habitante y día de la ONU es la mejor opción.

Por Ricardo Gamaza

"No es un negocio, es un derecho". Es el lema que se lee en miles de camisetas de las plataformas y redes por el agua pública que se han multiplicado estos años a lo largo y ancho del territorio nacional. La guerra del agua no se libra sólo contra las empresas multinacionales que han visto cómo vender el agua urbana es un negocio rentable y seguro, sino también contra los ayuntamientos que en muchos casos han cedido esa gestión (que es una competencia municipal) a empresas privadas a cambio de un canon concesional: el pago millonario que la empresa privada hace al consistorio, que le cede la administración del suministro durante 25 años o incluso más tiempo.

Uno de los problemas que ha suscitado siempre la privatización de la gestión de un bien básico como este es que, al considerarse como un producto mercantil, quien no puede pagarla no tiene derecho al suministro de agua en su domicilio. Se le corta el grifo. Los mecanismos de ayudas sociales e instrumentos similares que los ayuntamientos han dispuesto para evitarlo se han demostrado lentos, incompetentes e ineficaces en muchos casos.

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, "el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, y que es una condición indispensable para vivir dignamente y para el disfrute de otros derechos humanos". La declaración de la ONU (informe 35 sobre Derecho al Agua) identifica también algunas obligaciones básicas de las administraciones públicas en este sentido que pueden tener un efecto inmediato, entre las que están la de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico, y la de asegurar el derecho de acceso al agua y a las instalaciones y servicios de abastecimiento sobre una base no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables o marginados. Es lo que se denomina el "mínimo vital": la cantidad mínima de agua que una persona necesita para poder tener unas condiciones de vida dignas en su propio domicilio.

Las situaciones de pobreza hídrica aumentaron exponencialmente en España como efecto de la crisis económica a partir de 2009. Varios cientos de miles de personas que carecen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a los gastos de los servicios de abastecimiento de agua han sufrido cortes de suministro por impago, con la consecuente conculcación del derecho humano al agua. Estas situaciones de pobreza hídrica han tenido una respuesta responsable y consecuente por parte de la ciudadanía, tendente a solucionar el problema, generalmente apoyada en la inclusión en las ordenanzas reguladoras de los servicios de agua de bonificaciones, ayudas, reducciones y exenciones, dirigidas a los colectivos más vulnerables social y económicamente. Sin embargo, siguen existiendo casos de familias afectadas por cortes en el suministro de agua por no poder hacer frente al pago de las facturas.

Ante esta injusta situación que persiste, el nuevo Gobierno central ha anunciado su intención de crear un bono social para el agua, dirigido a los colectivos de menores recursos económicos, con el fin de asegurar el acceso al agua a los sectores sociales vulnerables. Sin embargo, la solución definitiva no se puede basar en nuevas ayudas y bonificaciones, sino en el reconocimiento expreso del derecho humano al agua, en cuyo desarrollo reglamentario debe quedar garantizado el derecho a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital a las personas vulnerables económica y socialmente que cubra las necesidades básicas de agua que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del suministro por impagos en situaciones de pobreza hídrica.

El ejemplo de Andalucía

En Andalucía, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha anunciado que el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Andalucía fijará un mínimo vital de 100 litros por persona y día, exactamente lo que recomienda la ONU. El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado mes de septiembre por unanimidad la Ley andaluza contra el Cambio Climático que incluye este mínimo vital. El nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano establecerá este mínimo vital que permita de forma accesible y asequible cubrir las necesidades básicas y, según dicen desde la cartera andaluza de Medio Ambiente "es preciso que la regulación de los cortes de suministro por impago prevea las situaciones de vulnerabilidad como excepciones de la norma". El reconocimiento expreso de este derecho se acaba de aprobar a través de una disposición final de la Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para un Nuevo Modelo de Transición Energética en Andalucía, lo que supone asimismo la modificación de la Ley de Aguas.

"Las estimaciones que trabajamos para este mínimo vital, tras distintas consultas, reuniones y debates son esos 100 litros por persona y día, aunque aún hay que abordar cómo concretar la medida, hacia quién va a ir dirigida, qué requisitos deben cumplir y también cómo se afrontarán los costes de la misma, que exigirá de nuevo un esfuerzo y un compromiso por las partes de cooperación, lealtad institucional y convencimiento del servicio público como pilar fundamental de la gestión", ha declarado el consejero. Lo que tiene pendiente ahora el Gobierno andaluz es consensuar cómo diagnosticar la situación económica y de vulnerabilidad de las familias, definir qué entidad o institución implementará la medida, si la bonificación será parcial o total y cómo se financiará, además de proponer soluciones para problemas en la tarificacion, los cánones concesionales o la necesidad de una información más trasparente a los ciudadanos. En todo caso, se espera que la medida blinde en este ámbito los derechos de los consumidores y usuarios de servicios de suministro domiciliario de agua, por lo que también habrá que estudiar qué nuevas tecnologías se pueden utilizar en materia de control, pérdidas del recurso y recuperación de costes, según los preceptos de la Directiva Marco de la Unión Europea.

De esta forma, si todo esto llega a concretarse, Andalucía se situaría como referente de la regulación del sector en toda España. A nivel local, el mínimo vital ya es una realidad en las ciudades andaluzas de Cádiz, Córdoba y Sevilla, así que es una buena noticia que se amplíe al resto de la comunidad autónoma. En el caso específico de Sevilla, la entidad gestora, Emasesa (de titularidad pública), supera esta medida en la práctica, dado que no se suspende el suministro bajo ningún concepto siempre y cuando la persona afectada cuente con informe positivo de los servicios sociales.

A nivel autonómico, en el resto del Estado sólo Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña -aunque su Ley de Cambio Climático está suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional- tienen una regulación similar, aunque no tan profunda y detallada. Con la nueva regulación andaluza, moderna y ambiciosa, se creará un marco común para que toda la población, viva donde viva, tenga garantizado un mínimo común a partir del cual cada administración local podrá mejorar.

Otros países cercanos ya disponen de normas para este tipo de situaciones, como es el caso de Reino Unido y Francia, donde está prohibido el corte de suministro por impago. Esto demuestra que se trata de una situación que se puede asumir y que no significará ninguna quiebra de ninguno de los actores que intervienen. Se trata únicamente de minimizar el impacto de la actual crisis económica y que determinados sectores no se queden apartados del camino.

El acceso al agua no era un problema hasta que llegó la crisis, porque el agua es a priori barata en España en comparación con otros servicios básicos. El problema es que no existe un regulador general de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Nadie plantea con el suministro vital que el servicio del agua sea gratis. Lo que sí hay que garantizar es que nadie se quede sin él por no poder pagarlo.

__________

Ricardo Gamaza es periodista y divulgador agroambiental.

EN ESTE NÚMERO

Hazte socio pleno o inicia sesión para leer el último Consumerismo
Ya somos 46.120