FACUA demanda la participación de las asociaciones de consumidores en el desarrollo del Plan Vivienda 2005-2008

La Federación pide que los usuarios que accedan a las viviendas protegidas paguen como máximo el 30% de sus ingresos. Critica que el procedimiento para la fijación del precio por metro cuadrado de las viviendas protegidas tome como base los elevados precios de las viviendas libres.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera el Plan de Vivienda 2005-2008 aprobado por el Congreso de los Diputados es una medida positiva pero para desarrollarse con éxito requiere de una intensa participación de los agentes sociales y económicos, entre los que debe darse protagonismo a las asociaciones de consumidores.

FACUA recuerda que las irregularidades en el sector de la vivienda lo sitúan, por detrás de las telecomunicaciones, como el segundo más denunciado por los consumidores españoles, una situación que se agrava por los desorbitados precios que han alcanzado los inmuebles, tanto en régimen de venta como de alquiler.

La Federación demanda fondos económicos suficientes para el desarrollo el Plan y la necesaria coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

FACUA considera como objetivos fundamentales que debe perseguir el plan garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna y con calidad garantizada, mediante la creación de un mercado paralelo de viviendas protegidas destinadas a consumidores realmente necesitados de las mismas y un efectivo control sobre los agentes que operan en el sector.

En cuanto a la participación de las asociaciones de consumidores, que durante la elaboración del Plan la Federación ha considerado muy insuficiente, reclama la participación de las asociaciones de consumidores en las ventanillas únicas de vivienda que se pondrán en marcha para informar a los usuarios, en la Sociedad Pública del Alquiler, así como que la Administración potencie la concertación entre las asociaciones de consumidores y el sector inmobiliario para facilitar la resolución de las reclamaciones.

FACUA advierte que debe garantizarse que el porcentaje de ingresos de los usuarios que accedan a las viviendas protegidas previstas en el Real Decreto no supere el 30%.

Por otro lado, no considera acertado que en la fijación del precio básico por metro cuadrado a nivel nacional, que servirá como referencia a efectos de determinación del precio máximo de venta y alquiler de las viviendas, se tengan en consideración los indicadores de precios de venta de las viviendas libres, teniendo en cuenta que éstos son desproporcionados y están experimentando subidas desorbitadas.

Asimismo, la Federación rechaza que en las segundas y posteriores transmisiones el precio pueda verse incrementado libremente por las mejoras incorporadas a la vivienda, ya que esto puede dar lugar a una total indeterminación del mismo y no existir por tanto límites.

FACUA valora positivamente la potenciación del alquiler, siempre y cuando la regulación del acceso a las viviendas haga atractiva esta figura, partiendo de la necesidad de que los usuarios no tengan que pagar por ellas una cantidad superior al 30% de sus ingresos, garantizando la asequibilidad de los precios, la existencia de subvenciones, la creación de viviendas públicas en régimen de alquiler, destinar un porcentaje a los jóvenes y que los requisitos que se soliciten a los beneficiarios sean razonables.

Asimismo, la Federación muestra su preocupación por la calidad de las viviendas en alquiler, ya que no se han condicionado las ayudas públicas a los propietarios a la obligación de que se entreguen en condiciones de habitabilidad idóneas.

FACUA considera que la Sociedad Pública de Alquiler es la figura sobre la que debe girar el fomento del alquiler y no sobre las sociedades de alquiler de carácter privado.

La Federación señala asimismo que el Plan contempla medidas que antes de ponerse en marcha deberían ser estudiadas más a fondo, como la subsidiación de los préstamos hipotecarios sobre la base de una cuantía fija de 10.000 euros en lugar de sobre el tipo de interés aplicable, ya que ante una subida del mismo, el usuario se vería perjudicado.

FACUA muestra asimismo sus dudas sobre la ampliación a cuatros años (frente a los dos actuales) de los periodos de carencia que aplican los bancos a las constructoras en relación a los intereses de sus préstamos, ya que puede ser aprovechada para retrasar los plazos de entrega, que hoy en día ya es uno de los grandes problemas que sufren los usuarios.

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