La web del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos incumple la Ley de Transparencia

Así lo ha dictaminado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que ha dado un plazo de dos meses para que incluya toda la información que falta y cumpla con la normativa.

La web del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos incumple la Ley de Transparencia

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictaminado que la página web del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos incumple la Ley de Transparencia, y ha dado un plazo de dos meses al Consistorio para que publique toda la información que ha generado y que no está disponible en la web.

Según ha publicado Diario de Sevilla, en su resolución, el Consejo ha comunicado que no aparece toda la información de temas como las actas de los plenos, las ordenanzas fiscales, los contratos públicos y los presupuestos del Ayuntamiento, entre otros. La publicación de este tipo de cuestiones es obligada desde finales de 2016, atendiendo a la normativa.

Según indica el Consejo de Transparencia, en la web aparecen algunas actas de los plenos, pero no están de forma cronológica y faltan todas las del periodo entre 2015 y 2017. Tampoco existe publicación sobre el orden del día de los plenos, que debería aparecer de forma previa según marca la legislación.

De igual forma, sólo hay subidas cuatro ordenanzas fiscales, aunque en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) aparecen otras aprobadas pero que no están en la web. También la sección sobre contratos públicos aparece prácticamente vacía, pudiéndose acceder solo a una licitación sobre un contrato de obras para la pavimentación de una calle.

Tampoco aparece información de planes económicos y financieros, presupuestos, deuda pública, cuentas anuales o gastos de publicidad institucional, también obligados por ley a estar incluidos.

La resolución del Consejo termina indicando que la Ley de Transparencia otorga el derecho a cualquier ciudadano a acceder a toda información relevante de los poderes públicos, por lo que es una obligación de las administraciones publicarla y garantizar su accesibilidad universal, utilizando para ello cuantos medios tecnológicos precisen.

El organismo también ha recordado que, en caso de no subsanar el incumplimiento de la normativa, la ley prevé distintas sanciones, entre ellas, el cese del cargo responsable.

Ya somos 228.693