Norma aprobada este miércoles en el Senado

FACUA confía en que la nueva ley de protección de datos sea rechazada por el Constitucional

La asociación muestra su rotunda oposición a que los partidos políticos puedan hacer censos de ciudadanos según su ideología política, por atentar contra los derechos democráticos más básicos.

FACUA confía en que la nueva ley de protección de datos sea rechazada por el Constitucional

FACUA-Consumidores en Acción muestra su más enérgico rechazo a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD) que este miércoles aprobó el Senado, que abre la puerta a que los partidos políticos puedan crear censos de ciudadanos basados en su ideología según las manifestaciones hechas en redes sociales o páginas web. La asociación considera de extrema gravedad que se permita que las agrupaciones puedan elaborar bases de datos de personas afines u opositores sistematizadas por fechas, nombres y tipo de ideología. Así, cualquier opinión en una red social podría ser recopilada y asignada a una ideología política específica sin que el afectado fuese consciente de ello.

La asociación confía en que la nueva norma, que también legaliza la posibilidad de que los partidos hagan spam con propaganda electoral a la ciudadanía a través de cualquier medio de comunicación directa, sea finalmente rechazada por el Tribunal Constitucional, si se materializa el anuncio de recurso que hizo este mismo miércoles Unidos Podemos.

FACUA considera que la mera existencia de este tipo de bases de datos de ciudadanos catalogados por su ideología es impropia de países democráticos que defienden la libertad de expresión, por los peligros de utilización que entrañan. Es extremadamente grave que se pueda abrir la puerta a la manipulación de los partidos en su carrera a la conquista del poder a través de técnicas de marketing que orienten el voto de la ciudadanía a través de mensajes de WhatsApp, redes sociales, SMS, etc, y además, que esos censos puedan ser utilizados con otros fines torticeros como la asignación de empleos en la Administración pública o el veto en los mismos.

La nueva norma permite a los partidos políticos, que son entidades privadas con un interés manifiesto en alcanzar el poder de gobierno, a enviar propaganda electoral sin consentimiento previo a cualquier persona a partir de la información que dichos partidos recopilen en internet: redes sociales, participación en foros, páginas web "y otras fuentes de acceso público", tal y como se recoge en el artículo 58 bis de la disposición final tercera.

La asociación advierte de que la nueva legislación podría ser inconstitucional, contraria a los artículos 16.2 ("Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias") y 18.4 ("La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos") de la Constitución española.

Actualización de la Ley de Protección de Datos

El origen de la modificación aprobada por las dos Cámaras y pendiente de ser publicada en el BOE es la necesidad de actualizar la Ley de Protección de Datos para transponer el Reglamento General de Protección de Datos europeo, de reciente entrada en vigor. Este Reglamento prohíbe la recopilación de información relativa a la ideología de la ciudadanía en internet sin expreso consentimiento previo para las comunicaciones comerciales de las empresas. En su elaboración de la nueva ley española, el PSOE añadió una excepción para escapar al veto de la normativa europea y que permite que los partidos políticos sí puedan hacerlo.

Esta excepción no aparece en el articulado de la nueva LOPD, sino que está recogida en una disposición final, la tercera, que modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Con ella se cambia la manera en la que los partidos pueden contactar con la ciudadanía para el envío de mensajes electorales y, así, se da respaldo legal a que ocurran como el de Cambridge Analytica, una empresa que recopiló información ideológica de millones de usuarios y los vendió a la campaña de Donald Trump en EE UU, además de otros casos, para manipular a través de la propaganda política a los votantes, que terminaron con la victoria de Trump en 2016. La empresa ofrecía en Facebook un test de personalidad que, para hacerlo, obligaba a los usuarios a facilitar acceso a su información personal y red de amigos, y con estos datos se elaboró un censo de ciudadanos afines u opositores a los que bombardear con información electoral, pero también con noticias falsas difundidas con la intención de manipular el resultado de las elecciones.

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