FACUA-Consumidores en Acción critica que la nueva Ley de Crédito Inmobiliario aprobada el pasado martes 11 de diciembre por la Comisión de Economía y Empresa del Congreso de los Diputados ha dejado fuera numerosas medidas de protección a los consumidores, además de imponer comisiones muy altas en la amortización de créditos a tipo fijo y establecer un importe impagado muy bajo a la hora de que las entidades financieras puedan iniciar un desahucio.
En este sentido, la asociación rechaza que se hayan quedado fuera de la ley, que regulará la concesión de hipotecas, varias medidas que considera fundamentales para la protección de los derechos de los consumidores. El texto de la normativa finalmente no incluye la prohibición de los desahucios cuando no existe alternativa habitacional, algo que, recuerda FACUA, Naciones Unidas declaró como "una violación del derecho a una vivienda adecuada".
Tampoco existen medidas para prohibir la aplicación de ciertas cláusulas abusivas como la de vincular el crédito al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que la Unión Europea y algunos jueces han dictaminado que puede ser manipulado por los bancos, pudiendo conllevar un abuso de las entidades financieras para con los consumidores.
De igual forma, el texto no incluye la dación en pago como herramienta para evitar deudas perpetuas a las personas que no puedan pagar su hipoteca, ni un mecanismo para controlar la actividad de los fondos de titulización hipotecaria, por lo que los consumidores seguirán sin saber qué terceras entidades han podido hacerse cargo de su crédito y el coste que ha tenido el traspaso.
Entre las medidas que sí incluye la ley se encuentra la reducción de las comisiones máximas que un banco puede aplicar por la amortización anticipada del crédito. Ahora, estas se reducen a un 0,25% en los tres primeros años, y al 0,15% a partir de entonces, para las hipotecas variables, mientras que en el caso de las de a tipo fijo se establecen en un 2% durante diez años y a 1,5% el resto de vida del crédito.
Además, la nueva normativa prevé una modificación de las condiciones para que una entidad financiera pueda reclamar el vencimiento anticipado del préstamo e iniciar un desahucio. A partir de ahora, debe conllevar el impago de doce mensualidades o el 3% del capital en la primera mitad de vida del crédito, o de quince meses y el 7% para el resto.