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Abusos en nombre de la Constitución

En España, la separación de poderes, auténtica garantía para los ciudadanos, no existe.

Por Carlos Puente Martín

En diciembre de 2018 hemos asistido a los fastos de la conmemoración del 40º aniversario de la ratificación en referéndum de la Constitución española de 1978 por el pueblo español. Los votantes aprobaron así la primera Constitución después de treinta y seis años de dictadura y gobierno autocrático, en una sociedad cuya población mayor de 16 años contaba con un 25% de analfabetismo y un 57,4% sólo contaba con estudios primarios, según un informe del Instituto Nacional de Estadística, con motivo del XXV aniversario de la Carta Magna. Confieso que yo no acudí a votar porque había leído el texto constitucional y consideré que sólo ofrecía una transición para desplazar los problemas de España en el tiempo.

La Constitución española fue elaborada por los llamados padres, supongo que también habría madres, que pertenecían a los cuadros de los incipientes partidos políticos y profesores de universidad que en el curso anterior habían explicado a sus alumnos la Leyes Fundamentales del Reino. Esta constitución estaba integrada por el Fuero de los Españoles, el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, la Ley del Referéndum Nacional, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado, es decir, Las siete magníficas. Cuarenta años después se alaba esta transición a espaldas de la sociedad civil.

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