La CNMC multa a Unipost con 80.000 euros por retener indebidamente envíos postales de sus clientes

La empresa acumuló en sus instalaciones 3,4 millones de envíos sin entregar de dos de sus clientes, correspondientes a 2016 y 2017.

La CNMC multa a Unipost con 80.000 euros por retener indebidamente envíos postales de sus clientes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Unipost con 80.001 euros por una infracción muy grave de la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

Según informa el organismo, las compañías que ofrecen el servicio postal deben cumplir una serie de obligaciones a la hora de gestionar y entregar los envíos de sus clientes. Entre otros, está el derecho de los usuarios destinatarios a recibir su correspondencia y la obligación del operador a garantizar la fidelidad en su custodia.

La CNMC, organismo encargado de supervisar y controlar el mercado postal, tuvo conocimiento de la conducta ilícita de Unipost gracias a la colaboración ciudadana a través de una denuncia anónima.

Durante la instrucción del expediente, la CNMC ha acreditado que Unipost acumuló en sus instalaciones 3,4 millones de envíos sin entregar de dos de sus clientes, correspondientes a remesas de los años 2016 y 2017. La empresa, actualmente en liquidación, notificó los hechos en abril de 2018 a los clientes afectados instándoles a recoger los envíos sin entregar en su delegación.

La CNMC vela por la existencia de libre competencia en el mercado postal y por garantizar el Servicio Postal Universal, que incluye los derechos de los usuarios de los servicios postales. Estos derechos afectan tanto a los emisores de cartas (en este caso, clientes de Unipost SA) como a los receptores de las mismas (en este caso, personas naturales o jurídicas que no recibieron millones de comunicaciones).

El organismo recuerda que esta resolución pone fin a la vía administrativa y que Unipost puede interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación.

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