Y a más de 250 metros de otras

En Extremadura, las casas de apuestas tendrán que estar a una distancia mínima de 300 metros de los colegios

La Junta ha aprobado un decreto-ley de medidas urgentes para el fomento del juego responsable, que modifica la Ley del Juego de 1998, con la intención de combatir la proliferación de estos establecimientos.

En Extremadura, las casas de apuestas tendrán que estar a una distancia mínima de 300 metros de los colegios

La Junta de Extremadura ha aprobado una norma por la vía de urgencia para actuar ante la proliferación de las casas de apuestas. Deberán estar a más de 300 metros de colegios e institutos y a más de 250 metros de otras casas de apuestas.

Según recoge hoy.es, se trata de un decreto-ley de medidas urgentes para el fomento del juego responsable, que cambia la Ley del Juego de 1998. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que esta norma cumple con el mandato de la Asamblea de Extremadura, que el pasado mes de octubre aprobó de manera unánime una propuesta de Podemos (enmendada por el PP) para combatir la extensión de estos establecimientos.

A finales de 2018 había 114 locales autorizados para realizar apuestas repartidos por treinta y siete municipios y pertenecientes a cinco empresas del sector. El crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. En 2014 había 14 establecimientos de apuestas integrados en salones o bingos y en 2015 se autorizó la apertura de 19 locales más, con la novedad de que seis de ellos estaban preparados específicamente para esta actividad. En Extremadura, su actividad está regulada por una ley de 1998, que fue cambiada en 2012 tras la aprobación de una norma estatal dirigida a adaptar la legislación ante el crecimiento de las apuestas por Internet y las vinculadas a pruebas deportivas.

En los últimos años, esta actividad ha crecido de manera importante en la región, lo que ha generado preocupación por el efecto que pueda tener entre jugadores en rehabilitación por problemas de ludopatía y entre menores y jóvenes, especialmente por su instalación próxima a centros educativos.

La nueva norma autonómica pretende combatir ese problema, como ya han hecho otras comunidades autónomas. Sus objetivos son promover la protección de los sectores más vulnerables, especialmente de los menores, los jóvenes y adolescentes; evitar hábitos y conductas patológicas; asegurar la defensa de los consumidores; ponderar las repercusiones sociales, económicas y tributarias del juego y reducir, diversificar y no fomentar el hábito de juego.

Uno de las medidas recogidas en esta norma establece que la distancia mínima entre las casas de apuestas y los centros públicos y privados de educación preescolar, centros públicos o privados de enseñanzas educativas oficiales y centros de enseñanza no universitaria y universitaria será de 300 metros (de puerta a puerta). Por otra parte, también contempla que la distancia mínima entre los establecimientos de este tipo, en los núcleos urbanos, será de 250 metros (de puerta a puerta), con lo que se pretende combatir la concentración de locales.

El decreto-ley prohíbe el acceso al juego a menores de edad, personas inscritas en el Registro de Limitaciones de Acceso (que pidan de manera voluntaria su inscripción), unos 1.400 extremeños, así como a directivos y accionistas de las propias empresas de juego, colectivos implicados en acontecimientos deportivos sobre los que se realice la apuesta y funcionarios que hagan funciones de control e inspección.

Más elementos del decreto-ley

La Junta de Extremadura indica que el texto de la norma fija un régimen de sanciones cuya recaudación revertirá en asistencia y demás actuaciones en esta materia. También establece la obligación de un control de admisión en la entrada y da la función de inspección, vigilancia y control a la consejería competente en esta materia, en este caso Hacienda y Administración Pública, y a la Policía Local la función de autoridad.

Asimismo, se regula la publicidad, que deberá someterse a la norma estatal y respetar la protección de menores. Además, deberá cumplir con los principios del juego responsable y advertir de que la práctica de juego puede producir ludopatía.

El decreto-ley entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, pero deberá ser convalidado por la Asamblea extremeña, que tiene la potestad de convertirlo en proyecto de ley para introducir modificaciones.

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