Sobre FACUA

Por qué FACUA no acepta dinero de las empresas

Una de las señas de identidad de la organización es su renuncia a recibir aportaciones económicas del sector empresarial.

Por Paco Sánchez Legrán

Defender a los consumidores requiere buscar soluciones a sus problemas mediante el diálogo con las empresas como paso previo a la habitualmente necesaria confrontación mediante las denuncias ante las administraciones competentes y los tribunales de justicia así como la difusión pública de sus irregularidades a través de los medios de comunicación. Hasta hace tres años, FACUA-Consumidores en Acción mantuvo convenios de concertación con numerosas empresas, patronales empresariales y colegios profesionales, con la finalidad de fomentar el diálogo para facilitar la solución de las reclamaciones de los consumidores, pero rechazando siempre cualquier ayuda económica por parte de empresas privadas.

Para dejar claro que la asociación no aceptaría nunca ayudas económicas de las empresas, el día 24 de febrero de 2007 aprobamos en Asamblea General un documento denominado Un compromiso ético para la defensa de los consumidores y usuarios. Con él, pretendíamos responder a la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores -hoy derogada por el actual Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias- que estableció la posibilidad de que las empresas pudieran financiar algunas actividades de las organizaciones de consumidores, lo que abría una peligrosa puerta por la que FACUA no entrará jamás.

El artículo 27 del citado Texto Refundido desvirtúa totalmente el principio de independencia de las asociaciones de consumidores frente a operadores del mercado, al considerar que "no tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen -por las empresas a las asociaciones de consumidores- en las condiciones de transparencia establecida en esta norma y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración regulados en este capítulo".

Desde FACUA entendemos que dada la práctica imposibilidad de controlar estas ayudas económicas, con esta ley se abrió la posibilidad legal de que las empresas y grupos empresariales puedan influir económicamente y lograr de manera más clara que dichas asociaciones de consumidores defiendan los intereses de las empresas o ataquen a los de la competencia.

Un movimiento organizado de consumidores, fuerte, plenamente independiente y con capacidad e influencia de intervención en el mercado sólo puede conseguirse sobre la base de garantizar su financiación por la vía de los ingresos propios provenientes de las cuotas de sus asociados y de las ayudas y subvenciones que los poderes públicos deben aportar en cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 51 de la Constitución, que establece:

"Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales".

Abrir las puertas a las ayudas del sector empresarial y legitimar que éste pueda contribuir a la financiación de las organizaciones de consumidores, aunque sea con las garantías establecidas en la Ley, supone a medio y largo plazo debilitarlas, restarles capacidad de influencia e intervención en el mercado y anular su carácter de independencia y la credibilidad del movimiento frente a los ciudadanos. ¿Qué garantía de objetividad tendría un estudio comparativo pagado por una determinada empresa o asociación empresarial, sobre todo si sus productos forman parte del estudio?

FACUA considera que la vinculación con los operadores económicos entraña un evidente riesgo de desnaturalización de la actividad de las asociaciones de consumidores y de una actuación no conforme con sus fines exclusivos de protección de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios, incluso representa el riesgo de que puedan ser utilizadas para la competencia desleal entre distintas empresas.

El ya indicado artículo 27 del Texto Refundido, a pesar de que pretende garantizar la independencia de las organizaciones de consumidores, abrió una puerta por la que esta asociación no va entrar. Por ello, teníamos la responsabilidad de asumir la necesidad de establecer una serie de principios éticos en nuestro funcionamiento y en nuestras actividades, con el fin de garantizar de manera clara y explícita, que Consumidores en Acción y todas las organizaciones que la integran tengan un funcionamiento democrático y defiendan su independencia frente a los operadores económicos del mercado y los intereses políticos de los gobiernos y partidos.

Desde esta posición habíamos venido defendiendo y fomentado que, con el convencimiento de que a través de los convenios de concertación se podía facilitar la solución de conflictos entre consumidores y empresarios, es decir, de las reclamaciones de los consumidores a través del diálogo y de la mediación, nuestras organizaciones y las organizaciones empresariales o profesionales estarían contribuyendo a mejorar el funcionamiento del mercado.

A la vez, sin embargo, éramos conscientes de que dichos convenios podían ser utilizados de manera incorrecta y utilizarse como una especie de plus de calidad que concedíamos a la empresa, sector empresarial o sector profesional con el que firmábamos el acuerdo.

No obstante, y conscientes de que lo más importante era facilitar la solución de las reclamaciones y denuncias de los consumidores, se concretaron decenas de convenios de concertación con agrupaciones patronales, empresas y colegios profesionales en toda España. En su fase inicial, representaron avances importantes en los niveles de interlocución de FACUA y de sus organizaciones territoriales con dichos sectores y, sin lugar a dudas, contribuyeron a mejorar en algunos aspectos el funcionamiento del mercado en relación a la protección de los derechos de los consumidores y facilitó la solución de cientos de reclamaciones.

Sin embargo, el paso de los años nos ha demostrado que, salvo en contadas excepciones, la mayor parte de las empresas y de las agrupaciones patronales o colegios profesionales con las que esta asociación y sus organizaciones territoriales firmaron acuerdo de concertación poco a poco han tratado de utilizar los convenios firmados como vía para tratar de buscar los apoyos de nuestras organizaciones a sus propios problemas. Y todo ello sin apostar decididamente por las vías del diálogo y la concertación como formas de evitar los conflictos con sus consumidores o para facilitar la solución dialogada de las reclamaciones de los mismos en los casos en que se producían, lo cual hizo inviable continuar manteniendo esta línea de actuación.

Por tanto, para evitar que dichos sectores utilizaran nuestro nombre engañosamente o de manera incorrecta para darse credibilidad ante la sociedad, la Junta Directiva de FACUA, en su reunión celebrada el día 23 de mayo de 2015, consideró necesario dar por finalizado todos los acuerdos firmados con los sectores empresariales y presentar una propuesta en tal sentido ante la asamblea general de la organización.

A partir de dicho acuerdo, la asamblea general de la asociación celebrada el día 23 de abril de 2016 consideró necesario dar por finalizado los acuerdos firmados con el sector empresarial o profesional y actualizar los criterios para concretar sus relaciones con dichos sectores, que deberían cumplir también todas sus organizaciones territoriales, aunque manteniendo el criterio de seguir apostando por el diálogo, la negociación y la concertación para seguir abriendo cauces para la solución de las reclamaciones de sus asociados y consumidores en general, aunque sin la necesidad de establecer acuerdos firmados con los citados sectores.

Conjuntamente con el acuerdo indicado, FACUA aprobó que, tal y como siempre habíamos mantenido, esta posición de diálogo y negociación no nos podía frenar en la realización de campañas contra los fraudes y abusos, utilizando para ello las vías de los medios de comunicación y las denuncias ante las administraciones públicas y los tribunales de justicia y la creación de plataformas de afectados para enfrentarnos a los fraudes masivos que se produzcan contra los derechos e intereses de los consumidores.

Sí al diálogo y la negociación para resolver los problemas de los consumidores y sí también a las campañas de denuncias y la creación de plataformas de afectados cuando las empresas se nieguen a resolver dichos problemas, pero siempre desde una actitud de independencia y de rechazo a recibir cualquier tipo de ayuda económica por parte de las empresas y sectores profesionales.

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Paco Sánchez Legrán es presidente de FACUA.

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