Prohibido cortar el agua

En plena crisis económica, y una vez aprobada en 2010, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el agua y el saneamiento eran derechos humanos. Desde esa fecha, en Andalucía se han seguido produciendo desahucios hídricos contra familias a las que la crisis les impedía pagar la factura del agua.

En 2013, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) calculó que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más cuatro años antes. De estos, se llegan a ejecutar un 60%, es decir, 300.000.

Frente a esto, las empresas privadas del agua y las asociaciones de las que forman parte (la patronal del agua) han optado por la estrategia de la negación. Contradecir esta realidad, cruda, trata de evitar el descontento y la contestación social ante la falta de previsión de las autoridades locales y los desmanes que está suponiendo la privatización del servicio, que convierte a los ciudadanos en clientes en lugar de usuarios.

No existen datos oficiales sobre el impacto real de este fenómeno social. En España, los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico. Son invisibles. Aún así, la propia patronal AEAS (de la que forma parte el ASA-Andalucía) reconoció que un total de 970.000 hogares en España había recibido un aviso de corte de suministro en 2014. El presidente del grupo Agbar (uno de los principales grupos privados que actúan en nuestro país), Ángel Simón, admitió que "cada mes se hacen 12.000 cortes" sólo a manos de su Corporación, como confirmó en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.

Frente esta situación los operadores públicos agrupados en Aeopas, como Emasesa (área metropolitana de Sevilla), Emacsa (ciudad de Córdoba), Medina Global (Medina Sidonia, Cádiz) o Aguas de Cádiz aprobaron prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, en cumplimiento del derecho humano al agua establecido por la Unesco.

El impacto de esta medida fue extraordinario. Por ejemplo, en el sistema metropolitano de Sevilla se atendió en un solo año a más de 3.200 familias. Caso parecido ocurre en Cádiz, donde más de 600 familias se acogen al programa de Suministro Mínimo Vital de Aguas de Cádiz.

Esta medida, elogiada por el Defensor del Pueblo Andaluz en un informe sobre esta cuestión, hizo que al final de la pasada legislatura se reconociera expresamente este mínimo vital a través de una disposición final de la Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para un Nuevo Modelo de Transición Energética en Andalucía, lo que suponía asimismo la modificación de la Ley de Aguas. No obstante, su aplicación (y su mecanismo de financiación) están pendientes de desarrollo por el nuevo Ejecutivo. Sobre esto sí hay una estimación objetiva: el mínimo vital del agua beneficiaría a unos 330.000 andaluces con dificultades económicas.

El mínimo vital, asegura Aeopas "lo calculamos en torno al 0,82% de nuestra facturación y repercutiría en el 3,7% de los abonados. Es una medida muy fácil de llevar a cabo que en países de nuestro entorno ya se está cumpliendo", defiende su gerente, Luis Babiano.

El modelo de Aeopas es la ciudad de París. Allí la gestión del agua fue remunicipalizada y los cortes de agua están prohibidos. Hay una ayuda social y un fondo de solidaridad de la empresa pública para hacer frente al consumo mínimo. En este sentido, desde Aeopas defienden que esta medida debería plasmarse de forma urgente en una normativa estatal que impida el corte de suministro y que garantice unos suministros mínimos vitales a las familias y colectivos que necesitan una protección especial. Muchas democracias occidentales ya prohíben cortes de agua, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Rusia, Irlanda y Escocia. Los tribunales de Bélgica y los Países Bajos han sentenciado incluso que los cortes de agua violan los derechos humanos.

En medio de este gran debate, el agua ha entrado ya en campaña. El PSOE de Pedro Sánchez promete en su programa marco garantizar un mínimo vital de 100 litros de agua por persona y día, con el fin de evitar el "desahucio hídrico" de las personas y sectores vulnerables, así como la prohibición de realizar cortes de suministro. Los operadores privados (y sus asociaciones) han negado -como hicieron anteriormente- la necesidad de la medida.

Lo cierto es que el derecho humano al agua ha entrado en campaña y lo sensato sería conseguir que se regule. "No se trata de bandos", como aclara el catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral. En efecto, no se trata de bandos, sino de aprender de la experiencia que Sevilla, Córdoba, Medina Sidonia y Cádiz tienen en la aplicación de esta exitosa medida.

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Ricardo Gamaza es periodista y divulgador agroambiental.