FACUA pide a la ministra de Vivienda la participación de los usuarios en la Sociedad Pública del Alquiler

Reivindica que las asociaciones de consumidores intervengan en la elaboración de los modelos de contratos de alquiler, los acuerdos que la Administración suscriba con los propietarios y los procedimientos para la resolución de conflictos entre inquilinos y arrendadores.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido una carta a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en la que le demanda la participación de las asociaciones de consumidores en la Sociedad Pública del Alquiler, cuya constitución aprueba hoy el Consejo de Ministros.

FACUA reivindica que las organizaciones de usuarios intervengan en la elaboración de los modelos de contratos de alquiler, los acuerdos que la Administración suscriba con los propietarios y los procedimientos para la resolución de conflictos entre inquilinos y arrendadores.

Asimismo, FACUA demanda la creación de un órgano, del que formen parte los representantes de los usuarios, que supervise el desarrollo de las actuaciones de la Sociedad Pública del Alquiler, la cual dependerá de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda.

La Federación espera que la Sociedad Pública del Alquiler ponga un límite asequible en las rentas mensuales de los alquileres que gestione, para que no terminen asemejándose a los altos precios existentes en el mercado. La Federación recuerda que uno de los motivos por los que en España hay un bajo índice de alquileres es el alto precio de las rentas, que en muchos casos se asemejan al coste mensual de una hipoteca, por lo que la mayoría de los usuarios se inclina por la compra.

Ante la información que ha trascendido en los medios de comunicación, donde se señala la posibilidad de que la Sociedad Pública pagase por adelantado el periodo completo de alquiler al propietario y se encargase además de los gastos del mantenimiento del inmueble, FACUA reclama la necesidad de exigir garantías a los arrendadores en cuanto a las condiciones de conservación de las viviendas.

De no ser así, podría terminar despilfarrándose dinero público en reformas o mejoras que deben ser responsabilidad del propietario de la vivienda, el cual al derivar ésta a la empresa pública se vería beneficiado sorteando la obligación de conservación que le exige la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Ya somos 198.109