El Defensor del Pueblo concluye su investigación sobre los redondeos al alza en telefonía móvil apoyando los argumentos de FACUA

Tras analizar los informes de FACUA, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Enrique Múgica anuncia la conclusión de las investigaciones iniciadas en enero de 2004.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, ha dirigido una carta al presidente de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, en la que le anuncia "la conclusión de las investigaciones iniciadas con ocasión de su queja" en relación a los redondeos al alza en las llamadas que realizan los usuarios desde o hacia teléfonos móviles, de forma que pagan completo el primer minuto aunque las llamadas duren menos. El cobro también se realiza al alza en fracciones de medio minuto en las llamadas de mayor duración que realizan los clientes de Vodafone y los de todas las compañías de móviles en el caso de los servicios con tarjetas de prepago.

Tras analizar el informe presentado por FACUA y los elaborados a petición del Defensor del Pueblo por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Defensor concluye que "la forma en que se establece la tarifa, mediante el redondeo al alza del primer minuto, supone el cobro de un servicio no prestado y una cláusula que implica un desequilibrio entre las partes al momento de contratar".

El Defensor del Pueblo coincide así con las tesis de FACUA, contrarias a los argumentos de los citados organismos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En la carta dirigida al presidente de FACUA, Múgica señala que del último informe elaborado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se deduce que la misma "mantiene un criterio diferente al sostenido por esta Institución [el Defensor del Pueblo]". La Federación continúa a la espera de que el Ministerio de Sanidad y Consumo anuncie su posición sobre el tema después de que el 19 de febrero de 2004, la cartera entonces encabezada por la popular Ana Pastor anunciase públicamente que acabaría con el redondeo.

Tras la conclusión de la investigación del Defensor del Pueblo, la Federación está estudiando la posibilidad de poner en marcha actuaciones judiciales contra las compañías de móviles.

La Federación denunció en noviembre de 2003 a los operadores de móviles ante los ministerios de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología (cuyas competencias han sido asumidas en esta legislatura por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) argumentando que el cobro por éstos de segundos de conversación no consumidos supone una vulneración de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera abusivas aquellas condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados (Disposición Adicional Primera, apartado V, punto 24). Precisamente éste fue el precepto legal utilizado en 2003 por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la demanda judicial interpuesta con éxito contra varias empresas del sector de los aparcamientos por cobrar completa una hora a los usuarios aunque sus vehículos permanezcan menos tiempo en sus recintos.

Un informe elaborado por FACUA en julio de 2004 advertía que los usuarios habían pagado ya más de 6.000 millones de euros extra, en torno a un billón de las antiguas pesetas, con los redondeos ilegales que realizan las compañías de telefonía móvil cobrando siempre completo el primer minuto de cada conversación y facturando al alza en fracciones de treinta segundos las llamadas de mayor duración realizadas desde teléfonos con tarjetas de prepago.

Los redondeos al alza que sufren los usuarios de telefonía tienen su origen en las tarifas de interconexión que aplican los operadores de móviles a otras compañías por utilizar sus redes en las terminaciones de llamadas, es decir, cuando un usuario llama de fijo a móvil o desde un celular a otro de la competencia. Como Movistar, Vodafone y Amena aplican el redondeo al alza en sus tarifas de interconexión, esto provoca que se haga lo mismo en las tarifas que se facturan a los usuarios finales al llamar desde y hacia móviles.

La CMT emitió en 2000 una resolución donde señalaba que el cobro de tiempo no consumido en ese mercado mayorista vulnera la Ley General de Telecomunicaciones e incluso un año después sancionó a Vodafone con 4,2 millones de euros por seguir aplicando el redondeo. Sin embargo, en 2004 mostró un sorprendente cambio de actitud autorizando expresamente a Movistar y Vodafone en sendas resoluciones fechadas el 10 de junio que sus tarifas de interconexión redondeen al alza el primer minuto de cada conversación si ésta dura menos.

Aunque ahora ha cambiado de opinión, en 2000 la CMT instó a las compañías de móviles a aplicar las tarifas de interconexión "proporcionalmente por segundos" argumentando que el artículo 22.4 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, señalaba la resolución, "establece que los titulares de redes públicas de telecomunicaciones deben facilitar la interconexión en condiciones no discriminatorias, transparentes, proporcionales y basadas en criterios objetivos". El mismo precepto que plantea ahora el artículo 11.5 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

CRONOLOGÍA

El 27 de noviembre de 2003, FACUA denuncia a Amena, Movistar, Vodafone y Euskaltel Móvil por cobrar un servicio no prestado al redondear al alza hasta completar un minuto la facturación de las llamadas de duración inferior a sesenta segundos realizadas por sus clientes de prepago y contrato y hasta completar fracciones de medio minuto en las de mayor duración efectuadas por los usuarios con tarjetas de prepago.

Las denuncias se presentan ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (donde FACUA tiene su sede social), la Dirección General Salud Pública, Alimentación y Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid (donde Movistar tiene su sede social), la Dirección de Consumo del Viceconsejería de Comercio y Consumo del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco (donde Euskaltel Móvil tiene su sede social), la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Cataluña (donde Amena tiene su sede social).

El 11 de diciembre de 2003, el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología contesta planteando que no es la Administración competente para analizar la denuncia: "desde el punto de vista de la Legislación vigente en materia de Telecomunicaciones, no se ha encontrado respaldo para actuar con respecto a la cuestión planteada, dado que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad e la Información no tiene entre sus competencias la aprobación de las tarifas de los operadores de telefonía móvil. En consecuencia, si esa Asociación considera que pudieran haber sido vulnerados los derechos contemplados en la Legislación de Consumidores y Usuarios, deberá acudir ante la Administración de Consumo".

El 20 de enero de 2004, la adjunta primera al Defensor del Pueblo anuncia que se ha dirigido al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones solicitando información sobre la denuncia de FACUA y señalando que "la facturación de segundos de conversación que los usuarios no han consumido, supondría el desarrollo por parte de las compañías de telefonía, de una actividad contraria a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y los Usuarios", la misma base jurídica utilizada por la Federación en su reclamación.

El 4 de febrero de 2004, el Servicio de Inspección y Control de la Dirección General de Salud Pública, Alimentación y Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid se inhibe en la denuncia y contesta que "se ha dado traslado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por encontrarse incluidos los hechos denunciados en el ámbito de sus competencias".

El 18 de febrero de 2004, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones plantea que no es el organismo competente para resolver la denuncia. En su respuesta indica que, con fecha 5 de febrero, ha adoptado un Acuerdo por el que se da contestación a la solicitud de informe instada por el Defensor del Pueblo en relación con los mismos hechos relatados en la denuncia de FACUA, en el que se indican los motivos por los que "la Comisión no resulta competente para adoptar las medidas solicitadas por esa Asociación".

El 5 de febrero de 2004, el Servicio de Información e Inspección de Consumo de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía informa que "se ha dado traslado de la citada denuncia al Servicio de Consumo de Sevilla, a fin de que por parte de los correspondientes Inspectores de Consumo se esclarezcan los hechos denunciados".

El 23 de febrero de 2004, el Servicio de Consumo de Sevilla requiere a FACUA "documentación que acredite los hechos denunciados (facturas..., etc.)", la cual es remitida por la Federación en el plazo solicitado.

El 5 de marzo de 2004, la Dirección de Consumo del Viceconsejería de Comercio y Consumo del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco se inhibe argumentado que "una actuación adecuada debería sustanciarse en una demanda de cesación y/o de retractación ante un Tribunal" y que dado que ha trascendido a la prensa la actuación del Defensor del Pueblo, "no parece que se vaya a crear una situación de desamparo".

El 6 de abril de 2004, el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología acusa recibo del traslado del expediente cursado por la Comunidad de Madrid y reitera que no es el organismo competente planteando que "debe presentarse la denuncia ante los órganos con competencia para resolver las controversias reguladas en la legislación de Consumidores y Usuarios".

El 5 de octubre de 2004, el Servicio de Inspección de Disciplina de Mercado y Consumo de la Subdirección General de Consumo del Departamento de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Cataluña contesta anunciado que "se ha decidido archivar las actuaciones relativas al expediente" argumentando que "se ha constatado que la empresa denunciada [en alusión a Amena, que tiene sede social en Barcelona] informa de sus precios y tarifas, indicando que los mismos se cobran por minutos".

El 22 de septiembre de 2004, FACUA se dirige a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo para trasladarle su preocupación por la falta de respuesta obtenida en relación a las denuncias de FACUA.

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