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Reclama como puedas

¿Por qué tenemos que reclamar las compensaciones por las cancelaciones y retrasos de las aerolíneas? Tienen nuestros datos. Saben dónde ingresar el dinero. Pero la ley no les obliga a hacerlo automáticamente.

Por Rubén Sánchez

La legislación europea plantea que los pasajeros tenemos derecho a que las aerolíneas nos abonen entre 250 y 600 euros si cancelan nuestro vuelo, llega a destino con más de tres horas de retraso o somos víctimas de overbooking -vendieron más billetes de la cuenta y nos dejan en tierra hasta reubicarnos en el siguiente vuelo-. Sin embargo, muy pocos usuarios reciben ese dinero.

¿Los motivos? Poca gente conoce esos derechos y, por tanto, pocos reclaman. A buena parte de los que lo hacen les llega una respuesta de la compañía en la que inventa alguna excusa para eludir el pago. De ellos, muchos tiran la toalla, y otros siguen adelante mediante otras vías -asociaciones de consumidores, denuncias ante las administraciones competentes...-. A veces, las empresas del sector ceden cuando les llega una carta de entidades como FACUA-Consumidores en Acción. A veces lo hacen cuando hay una denuncia de por medio ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento. Pero en demasiadas ocasiones, se siguen saltando sus obligaciones, con lo que la única vía que queda es acudir a los tribunales. Evidentemente, muchos no lo hacen.

De cada cien pasajeros con derecho a recibir compensaciones por cancelaciones o grandes retrasos, quién sabe si habrá al menos uno que las reciba. Nunca han trascendido estadísticas. Y es que a las autoridades competentes parece que tampoco les interesa demasiado el asunto. FACUA lleva muchos años reclamando a los sucesivos ministros de Fomento que tomen medidas para garantizar la existencia de los debidos controles sobre el sector aéreo y que se sancionen de forma contundente las masivas vulneraciones de la normativa comunitaria.

Junto al casi absoluto descontrol sobre las irregularidades de las aerolíneas y la ausencia de multas, se da una circunstancia realmente kafkiana. Y es el hecho de que, en pleno siglo XXI, sea necesario que el pasajero presente una reclamación para exigir un dinero que la aerolínea sabe perfectamente que tiene que abonarle y, sobre todo, que sabe perfectamente cómo abonarle. Porque las compañías tienen almacenados nuestros datos. Y entre ellos, el número de la tarjeta de débito o crédito con la que pagamos el billete. ¿Qué les impide realizarnos automáticamente el ingreso de la compensación cuando nuestro vuelo sufra esa cancelación o gran retraso? Nada. Sencillamente, la ley no les obliga a hacerlo así.

Así que frente a la carrera de fondo que representa reclamar a unas empresas que intentan cansarnos con respuestas negativas y todo tipo de argucias para simular que no tenemos derecho a recibir el dinero que exigimos, bastarían tres sencillas medidas para cambiar las cosas por completo:

- Controles en los aeropuertos para verificar si las aerolíneas informan a los pasajeros sobre sus derechos cuando se producen cancelaciones y grandes retrasos, que va desde el pago de las compensaciones hasta el pago de la comida y bebida durante la espera, pasando por el alojamiento en hoteles, si fuera necesario, hasta la reubicación en otros vuelos.

- Sanciones ante el incumplimiento de la normativa. Esto es, multas cada vez que se detecte que no se cumple con la obligación legal de asistir a los pasajeros -la comida, los hoteles...- o con la de informarle de cuáles son sus derechos. Y por supuesto, una multa por cada pasajero que comunique a la administración competente que la aerolínea no ha cumplido con sus obligaciones legales y se compruebe que efectivamente así ha sido.

- Un cambio en la legislación para establecer que las aerolíneas estarán obligadas a abonar de forma automática las compensaciones económicas establecidas en la normativa europea cuando se produzcan cancelaciones y grandes retrasos. Así, el hecho de no realizar este abono sin necesidad de que el usuario tenga que recordárselo a la compañía mediante una reclamación supondría una infraccion de la normativa y, por tanto, una práctica sancionable.

Se trata, en resumen, de llevar a cabo una política en el sector aéreo orientada a defender a los consumidores en lugar de a permitir que las aerolíneas se forren cometiendo todos los abusos que se les ocurran sin miedo a que se produzcan multas. Es una de las reivindicaciones de FACUA, de la que esperamos que tomen nota las formaciones políticas que configuren el Gobierno que saldrá de las elecciones del 28 de abril.

Por cierto, no te olvides de votar. Hay demasiadas cosas en juego como para permitirte el lujo de no acudir a las urnas.

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