Un concesionario, condenado por vender un coche minado de averías y ocultar que perteneció a la Policía

Tras la demanda de FACUA Comunidad Valenciana, el concesionario Queralt Color ha tenido que devolver a un usuario los 5.000 euros que pagó por el vehículo y le ha abonado las costas judiciales.

Un concesionario, condenado por vender un coche minado de averías y ocultar que perteneció a la Policía

Tras la demanda de FACUA Comunidad Valenciana, el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia ha condenado al concesionario Queralt Color SL a devolver a un usuario los 5.000 euros por los que le vendió un coche de segunda mano y a abonarle las costas judiciales. La sentencia, que ya es firme, considera acreditado que el vehículo presentaba múltiples daños en el momento de la venta y que la empresa incurrió en "publicidad engañosa" al informar al comprador de que el vehículo se había destinado al uso particular cuando en realidad perteneció a la Policía Nacional.

El juez concluye que "el vehículo tiene problemas y no está en condiciones de circular", a la vez que afirma que "no podemos dar por acreditado que el comprador sabía, cuando compró el vehículo, que había sido un coche policial". Por ello, la sentencia declara "la resolución del contrato de compraventa" y condena a Queralt Color "a pagar al actor la cantidad de 5.000 euros, con simultánea devolución del vehículo".

Gonzalo B.G., residente en Valencia, compró en julio de 2017 un Citroen C4 Picasso SX de segunda mano a Queralt Color por un precio total de 5.000 euros. Durante la firma del contrato, se le aseguró mediante diversa documentación que el vehículo presentaba un estado adecuado de funcionamiento.

Sin embargo, apenas dos días después, el coche sufrió una avería que le impidió seguir utilizándolo, por lo que tuvo que acudir a un taller para su reparación. Un perito comprobó que el vehículo sufría una serie de daños entre los que constaban humo blanco al activarse el turbocompresor, tornillos de diferentes tamaños para sujetar el depósito del líquido de frenos, descuelgue de la puerta delantera y desgaste del motor. Además, el técnico también comprobó que se trataba de un vehículo policial desactivado y rematriculado, con un uso intensivo en ciudad, cuando a Gonzalo se le había informado que había pertenecido a un particular. El pago de las reparaciones se tasó en 2.700 euros.

Queralt Color se negó a hacerse cargo de la reparación del coche argumentando que no estaba cubierta por la garantía del vehículo, por lo que el usuario decidió acudir a FACUA Comunidad Valenciana para que ejerciera acciones en defensa de sus derechos. El equipo jurídico de la asociación se dirigió a la empresa para instarle a que se hiciera cargo del arreglo del coche y lo entregara en un estado adecuado.

En este sentido, FACUA Comunidad Valenciana alegó que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que "el usuario tiene derecho a la reparación del producto, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato". Además, también recoge que la reparación "será gratuita para el consumidor" y "deberá llevarse a cabo en un plazo razonable".

FACUA Comunidad Valenciana acudió al juzgado

Tras más de ocho meses desde que la asociación reclamara a Queralt Color, la empresa no había dado ninguna respuesta. FACUA decidió entonces interponer una demanda contra la mercantil para conseguir la resolución del contrato y que se abonara a Gonzalo 5.000 euros, el precio del vehículo.

El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia finalmente falló a favor del usuario. En primer lugar, determinó que la "publicidad ofertada se considera engañosa", al haber anunciado que el anterior propietario del vehículo había sido un particular cuando en realidad había pertenecido a la Policía Nacional. "Un vehículo destinado al uso del Cuerpo Nacional de Policía, para patrullar, suele transitar mucho por poblaciones medianas y grandes. El comprador sabía que el vehículo tenía muchos kilómetros, pero no es lo mismo que una parte importante de los mismos se hayan hecho en ciudad que en carretera. Por tanto, hemos de concluir que el vehículo entregado no era conforme a contrato", alegaba el juez.

En segundo lugar, recogía que Queralt Color se había negado a hacerse cargo de los problemas del vehículo y a dar una solución satisfactoria a Gonzalo. "El vehículo tiene problemas y no está en condiciones de circular, como resulta de la pericial aportada. Por la parte demandada no se ha aportado otra pericial que desvirtúe el resultado de la primera", afirmaba la sentencia.

Por tanto, el Juzgado ha declarado la resolución del contrato de compraventa y ha condenado a Queralt Color a devolver a Gonzalo los 5.000 euros, más intereses, y al pago de las costas judiciales, que han ascendido a 1.250 euros por los diversos gastos que tuvo que afrontar el usuario, entre los que se incluye el peritaje del vehículo.

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