Caso Fórum y Afinsa: una lección para las organizaciones de consumidores

La presunta estafa sufrida por más de 350.000 usuarios como consecuencia de la prácticas irregulares de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa ha representado sin lugar a dudas, una importante llamada de atención a las administraciones públicas sobre la capacidad y la eficacia de sus servicios de inspección para detectar e impedir fraudes como el ocurrido.

Asimismo este lamentable hecho ha supuesto también una clara lección para la mayoría de las organizaciones de consumidores de ámbito nacional, denominadas representativas por el mero hecho de formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, que de una manera irresponsable se unieron en un coro de voces para ofrecer servicios de defensa gratuita a todos los afectados a cambio de subvenciones del Gobierno. A la vez, algunas de ellas se lanzaron a una campaña de críticas algo histérica contra las organizaciones de consumidores que, como FACUA, estábamos invitando a los afectados a asociarse y organizarse para la defensa de sus legítimos intereses.

Con el falso argumento de que había asociaciones de consumidores que estábamos aprovechándonos de la situación para tratar de asociar a los afectados, buena parte de las organizaciones mal llamadas representativas, se ganaban su confianza con el llamamiento de prestarles un servicio de información y defensa jurídica gratuita y asegurándoles que no era necesario que se asociaran. Y ello en contra de lo defendido por FACUA desde el primer momento, que sí señalaba la necesidad de que los afectados se asociaran a las organizaciones de consumidores con el fin de poder garantizarles un mejor servicio de información y lograr también abaratar los costos de la defensa jurídica de sus intereses ante los juzgados de lo Mercantil y la Audiencia Nacional, pues las subvenciones del Gobierno (menos de 6 euros por afectado) no eran suficientes para financiar los altos costes que podría representar la defensa de sus intereses.

Sin embargo, de este insistente ofrecimiento de defensa gratuita y de la no necesidad de asociarse, las autodenominadas organizaciones de consumidores representativas pasaron a decirles a los afectados, a través de un comunicado efectuado por la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, que sí se tenían que asociar y pagar una determinada cantidad si querían que los defendieran ante los juzgados de lo Mercantil para participar en el procedimiento concursal, porque las subvenciones de Gobierno no cubrían todos los costos de la defensa.

Donde dije digo, digo Diego. Un espectáculo lamentable, que sólo demuestra la miopía de unas organizaciones de consumidores que prefieren la sopa boba de las subvenciones del Gobierno, al trabajo serio y riguroso de invitar a los consumidores a asociarse y articular organizaciones fuertes y verdaderamente representativas e independientes, con capacidad económica propia para afrontar la defensa de los intereses de los mismos, sin tener que esperar a las directrices del Gobierno de turno. Esperemos que hayan aprendido la lección.

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