La ley que necesitamos los consumidores del siglo XXI

El Gobierno debe emprender la elaboración de una auténtica Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que actualice la aprobada hace más de veinte años en cuanto a la nueva realidad del mercado en el siglo XXI y un marco sancionador que ya es claramente obsoleto. Una Ley que ha de ser fruto del diálogo permanente con las asociaciones de consumidores.

En este sentido, hay que recordar que el Ejecutivo tiene hasta septiembre de 2006 para aprobar dicha norma ya que la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, en su disposición final cuarta, "habilita al Gobierno para que en el plazo de tres años proceda a refundir en un único texto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tengan que ser refundidos".

Otra norma, la futura Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, cuyo anteproyecto fue presentado a comienzos de septiembre por la ministra de Sanidad y Consumo, introduce aspectos positivos, aunque también algún retroceso, pero no representa el avance normativo necesario que FACUA viene reivindicando desde hace años para los consumidores españoles. Además, consideramos que sería inaceptable que el anteproyecto de Ley no fuese consensuado con las asociaciones de consumidores.

Muchos de los aspectos recogidos en esa futura Ley, aunque ahora se mejoren, ya están contemplados en la legislación vigente, como la ilegalidad de las prácticas de redondeo, por lo que lo prioritario es que el Gobierno actúe para acabar con ellas.

Por ello, lamentamos que tras la campaña de denuncias emprendida por FACUA en noviembre de 2003 contra las prácticas de redondeo de las compañías de telefonía, que ha contado con el apoyo del propio Defensor del Pueblo, la falta de actuaciones contundentes por parte de la Administración nos haya obligado a acudir a los tribunales.

Y es que para acabar con la indefensión de los consumidores no sólo hacen falta leyes, sino gobiernos que las hagan cumplir.

Desde FACUA valoramos positivamente el compromiso anunciado por la ministra de Sanidad y Consumo de acabar con el redondeo al alza en la facturación de éstos y otros servicios a través de la futura Ley, pero el Gobierno tiene ya los resortes suficientes para poner freno a estas prácticas sin necesidad de esperar a la aprobación de la nueva Ley. Por cada mes de espera, las compañías de telefonía móvil. seguirán ingresando unos 100 millones de euros fruto de los redondeos; desde 1998, la cifra supera ya los 7.000 millones de euros.

La citada Ley de 1984 considera abusivas aquellas condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados (Disposición Adicional Primera, apartado V, punto 24), por lo que la mejora en la definición de cláusula abusiva anunciada por el Gobierno en relación a los redondeos no puede de ninguna forma dar carta de legalidad a las irregularidades cometidas hasta la fecha.

Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios introduce un elemento que puede traer un importante perjuicio a los consumidores españoles.

La norma prevé limitar el derecho de presentar demandas judiciales en representación de intereses colectivos exclusivamente a las asociaciones de consumidores de ámbito nacional que formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), además de las autorizadas por las legislaciones autonómicas.

Resulta de extrema gravedad que el Gobierno recorte un derecho reconocido a todas las asociaciones de consumidores limitándolo a aquéllas que formen parte de un órgano que lleva años inerte y cuya futura composición será, cuanto menos, polémica.

El Ministerio ha decidido excluir del CCU a todas las asociaciones de consumidores que lleven menos de cinco años inscritas en el registro del Instituto Nacional del Consumo. Una medida que excluirá a FACUA de dicho órgano, el cual no reflejará la realidad del movimiento de consumidores en España.

FACUA no rechaza que la antigüedad sea, con ciertos matices, un elemento más a tener en cuenta para medir a una organización, pero no puede convertirse en un requisito excluyente y anteponerse a aspectos tan importantes como sus acciones de denuncia, de control y análisis de productos y servicios, la vertebración territorial, el número de socios o la presencia en los medios de comunicación. Elementos que ponen de manifiesto la capacidad de intervención en el mercado y el nivel de interlocución frente a los sectores empresariales y los poderes públicos.

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