XX aniversario de nuestra Ley General

Este año se ha cumplido el veinte aniversario de la aprobación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Una ley que sin ninguna duda representó un salto fundamental en la protección de los derechos de los consumidores en España y provocó cambios importantes en las relaciones existentes en el mercado entre empresarios y consumidores.

Máxime si tenemos en cuenta que solo cuatros años antes de su aprobación, fue posible que ocurriera en nuestro país un envenenamiento masivo a causa de la comercialización fraudulenta entre la población de toneladas de aceite de colza que estaban destinadas a uso industrial y que provocó la muerte de cientos de personas y graves daños a la salud a miles de ellas, todo esto como consecuencia de la falta de una normativa que protegiera a los consumidores frente a empresarios sin escrúpulos.

En este sentido, Elena Salgado, ministra de Sanidad y Consumo, ha declarado durante un acto conmemorativo de dicho aniversario, que "la filosofía de la Ley es sencilla: se trata de equilibrar la posición de los agentes económicos, dotando de instrumentos al eslabón tradicionalmente más débil en las relaciones económicas -el consumidor- de modo que pueda ejercer sus derechos con seguridad y confianza, cualquiera que sea el ámbito en el que desarrollen sus operaciones de consumo", añadiendo también que "ahora hay que construir mercados cada vez más transparentes en los que la seguridad y la calidad de productos y servicios estén garantizadas".

La ministra destacó asimismo en el mismo acto el papel desempeñado por la Ley para potenciar el asociacionismo de consumo y señaló que valoraba las actuaciones de las organizaciones de consumidores y comprendía sus necesidades y problemas, a la vez que reconocía sus esfuerzos para adaptarse a los retos que plantean tanto el mercado como la sociedad, para lo cual se comprometió a tener en cuenta dichos esfuerzos e importantes actividades. En este sentido, anunció que tiene el propósito de promover una normativa que establezca el marco jurídico de estas asociaciones, cuya regulación ha quedado fuera de la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Esta Ley establece que se regirán por su legislación específica los partidos políticos; los sindicatos y las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios; así como cualesquiera otras reguladas por leyes especiales, por lo cual es absolutamente necesario que el Gobierno aborde con prontitud la elaboración del marco normativo específico que regule la creación, inscripción y funcionamiento de las asociaciones de consumidores.

Junto con esta nueva normativa que ponga fin a estos dos años de vacío legal en la regulación de las asociaciones de consumidores, es necesario también plantearse seriamente la actualización de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues en veinte años se han producido cambios muy importantes en el mercado y en la sociedad española y se hace necesario establecer unas nuevas reglas que regulen las relaciones entre productores, distribuidores y prestadores de servicios con los consumidores y usuarios.

Cuestión a la que también se ha referido la ministra, que ha indicado que tiene "la voluntad de refundir en un único texto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias en la materia, un trabajo de envergadura que requerirá la colaboración de numerosos expertos y permitirá que el texto resultante sea de gran utilidad, pues clarificará el escenario normativo y aportará seguridad jurídica a las empresas, a los consumidores y a las propias administraciones".

Desde FACUA esperamos y deseamos que la ministra acierte con las medidas anunciadas y aborde en profundidad la necesidad que tienen las propias organizaciones de consumidores de contar con una normativa propia que las regule y evite la situación de discrecionalidad que se pudiera estar dando en la actualidad, a la hora de inscribir como asociaciones de consumidores a entidades que realizan actividades que pueden ser calificadas de lucrativas y que tienen vinculaciones con actividades mercantiles, así como establecer unos criterios objetivos para medir y controlar la representatividad de cada una de las organizaciones inscritas en el registro correspondiente.

Esperamos que la anunciada modificación de la actual ley de protección de los consumidores represente un nuevo salto que sitúe a España en la perspectiva de afrontar los restos de este siglo y dote a los consumidores y a las administraciones públicas de los instrumentos necesarios para enfrentar los retos de un mercado tan cambiante y agresivo como el actual.

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