FACUA considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis en diciembre

La empresa presentó ese mes una declaración responsable y la Delegación de Medio Ambiente no detectó las irregularidades del documento, que debieron provocar la paralización de su actividad.

FACUA considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis en diciembre
Imagen: David Arjona/Efe.

FACUA-Consumidores en Acción considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis el pasado diciembre. La asociación advierte de que la empresa presentó en esa fecha a la Delegación de Medio Ambiente una declaración responsable con claras irregularidades que se pasaron por alto y que debieron provocar la inmediata paralización de su actividad.

FACUA considera que deben depurarse responsabilidades en el Ayuntamiento y espera que todos los grupos políticos, incluido el socialista, se muestren a favor de la creación de una comisión de investigación.

La asociación no descarta solicitar imputaciones a nivel municipal en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, sobre el que recayó la querella presentada por FACUA el pasado 23 de agosto.

Sucesión de despropósitos municipales

Magrudis se constituyó a mediados de 2013 y durante cinco años y medio, hasta diciembre de 2018, estuvo operando desde su nave en el Polígono Industrial El Pino sin contar con licencia municipal de actividad. Ni el gobierno de Juan Ignacio Zoido (hasta junio de 2015) ni el de Juan Espadas (reelegido tras las elecciones de mayo de 2019) contaron con protocolos de inspección para revisar si los fabricantes, mayoristas o minoristas domiciliados en los polígonos industriales de la ciudad -y por tanto fácilmente localizables por la Inspección municipal- presentaron en su momento la preceptiva declaración responsable o la solicitud de licencia de actividad -lo cuál correspondía a Magrudis por sus características-, que según la Ordenanza municipal debe ser verificada por la Delegación de Medio Ambiente en el plazo de un mes.

Tampoco ha existido ningún protocolo inspector en el Ayuntamiento mediante el que se reviese el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) y, cada vez que se constituya una empresa en Sevilla, se pongan en marcha actuaciones para verificar si abre un establecimiento sin presentar declaración responsable o solicitar licencia de actividad.

Pero además, desde al menos diciembre de 2015 el Ayuntamiento ya conocía la existencia de Magrudis. Y es que en esa fecha, la empresa obtuvo el Registro Sanitario de la Consejería de Salud, que comunicó esta circunstancia a la corporación municipal al tener ésta las competencias inspectoras como autoridad sanitaria. Ni en la primera ni en la segunda y última inspección que realizó a Magrudis la Inspección de la Delegación de Consumo del Ayuntamiento -en noviembre de 2016 y en julio de 2017-, se comprobó si la firma contaba con licencia de actividad. Los protocolos inspectores de esta Delegación no contemplan la solicitud de esta información, absolutamente básica, a la Delegación de Medio Ambiente.

Para colmo, en julio de 2017, la Inspección de Consumo decidió, de forma indebida, reducir el nivel de riesgo de Magrudis y la pasó de la A -la más alta- a la C. La inspectora, la misma que había visitado la fácrica ocho meses atrás, concluyó que la empresa había dejado de distribuir sus productos en la provincia de Sevilla y que ya sólo lo hacía en la capital, lo que provocó que se ampliara el plazo para realizar las inspecciones periódica. Así, pasó de ser semestral a una sola inspección cada 18 meses. Inspección que volvía a corresponder en enero de 2019 y que nunca se realizó hasta que siete meses después estalló la alerta alimentaria por la Listeria en productos de Magrudis.

El último y posiblemente más grave de este cúmulo de despropósitos se produjo en diciembre de 2018. Tras cinco años y medio operando de forma clandestina en lo que se refiere a la licencia municipal, Magrudis presentó a la Delegación de Medio Ambiente una declaración responsable y desde el consistorio no se procedió a paralizar la actividad de la empresa. Y es que en realidad el fabricante de los productos La Mechá estaba obligado a solicitar una licencia de actividad, que implica una inspección municipal en el plazo máximo de un mes para dar o no el visto bueno a que la empresa operase.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha comentado ésta y otras cuestiones de última hora sobre la alerta por listeriosis en rueda de prensa. Puedes verla en nuestro canal en YouTube.

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