Tecno

Incumplir la ley de protección de datos pone en peligro nuestras vidas

Es necesario que las empresas dispongan de una figura que garantice este cumplimiento y comunique los riesgos a las mismas y a las autoridades de control.

Por Jesús Acevedo

No hace falta volver a explicar en este artículo las nefastas consecuencias que estamos sufriendo TODOS los ciudadanos a causa de la acuciante falta de escrúpulos de determinados empresarios, y su falta de respeto al cumplimiento normativo. Para la mayoría de los empresarios de este país, y especialmente en Andalucía (donde tiene su sede la empresa responsable de una las mayores crisis de salud pública que ha sufrido España), el cumplimiento normativo no existe o sólo es una carga burocrática que simplemente se soluciona con más papeleo. Los anglosajones hablan de compliance -utilizando una palabra concreta para hablar de cumplimiento normativo-, mientras que los españoles, al tratarse de un concepto tan alejado a nuestra sociedad, no dejamos de hablar de rendición de cuentas, cumplimiento proactivo o, simplemente, cumplimiento.

Sin embargo, el compliance es algo que va más allá de todo eso. Estamos hablando de una metodología que han de adoptar las empresas (e incluso las Administraciones Públicas) para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de terceros. Y cuando se vulneran estos derechos podemos hablar en ocasiones incluso de responsabilidad penal de las empresas que cometen esos ilícitos, y más especialmente tras la última reforma del Código Penal en 2015. Por clarificar quiénes son esos terceros en riesgo, podríamos poner ejemplos de colectivos como pueden ser los trabajadores (acoso laboral), las mujeres (acoso sexual, techo de cristal), menores (delitos sexuales contra menores) o consumidores.

Si esos delitos están tipificados en el Código Penal, los administradores de la empresa responsable pueden tener penas de prisión y, en caso de que no se consideraran delitos, podríamos hablar de multas administrativas (tal y como ocurre con el incumplimiento de la normativa de protección de datos, que únicamente supone una multa administrativa para las empresas que puede llegar hasta el 4% de su facturación).

No hay que ser un versado en derecho para intuir que los supuestos de mayor gravedad que puedan poner en peligro la salud pública deberían ser castigados por la vía penal, independientemente de la sanción administrativa correspondiente. De hecho, el fraude alimentario se encuentra tipificado en el Código Penal, artículos del 363 al 365, al tratarse de conductas que ponen en riesgo la salud individual y colectiva a través de alimentos que pueden ser ingeridos por los ciudadanos.

La normativa prevé que estos delitos sean castigados con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e incluso la inhabilitación especial para la profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años, los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores de las siguientes formas:

1. Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.

2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud. 3. Traficando con géneros corrompidos.

4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, o comerciando con ellos.

5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con ellos.

Parece evidente relacionar este tipo de prácticas con el cumplimiento normativo o compliance, tal y como os señalaba al principio. Y para llevar un adecuado cumplimiento, no es viable que una empresa contrate una auditoría, tal y como parece ser que hizo la empresa de la carne mechada. En este caso, como no le interesaba el resultado, procedió a esconder los resultados.

En materia de compliance, debe existir un Compliance Officer, o encargado de cumplimiento, que sea versado en derecho y que además sea objetivo e imparcial para comunicar los riesgos a las empresas y, si hace falta, a las autoridades de control. Es mucho más que un policía dentro de la empresa o un simple chivato, estamos hablando de un garante del cumplimiento normativo que a día de hoy no es obligatorio para las empresas españolas pero que indudablemente debería serlo. Más aún cuando las Administraciones Públicas han demostrado la carencia de recursos y/o experiencia en revisar o controlar estos riesgos que ponen en peligro la salud pública.

¿Cuántos delitos tienen que cometerse y cuántas víctimas tienen que llegar por falta de voluntad de cumplimento en las empresas para que en España se adopte el sistema anglosajón del compliance?

Si los profesionales y los consumidores no actuamos conjuntamente frente a la Administración para exigir controles mejores y más proactivos, posiblemente tengamos que seguir padeciendo unas consecuencias nefastas mientras otros se lucran de forma descabellada.

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Jesús Acevedo es abogado y mediador.

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