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Control alimentario: transparencia cero

El caso Magrudis ha vuelto a poner de manifiesto la falta de transparencia y las enormes carencias en los protocolos de inspección, que hacen necesarios cambios urgentes en la normativa.

Por Rubén Sánchez

El Starbucks del número 39 de Fitroy Street, en Cambridge (Reino Unido), pasó su última inspección sobre seguridad alimentaria el 8 de noviembre de 2018. El funcionario que visitó el establecimiento consideró que en él se cumplía con las obligaciones en materia de manipulación higiénica de alimentos, limpieza y estado de las instalaciones y gestión de la seguridad alimentaria. Así que en la ficha que rellenó al inspeccionar el local indicó que en los tres estándares el nivel de cumplimiento era bueno.

La citada información está disponible en la web de la Agencia de Normas Alimentarias (Food Standars Agency) del Gobierno británico. Si deseas ver el informe completo sobre la inspección a ese Starbucks o a cualquier otro establecimiento, la página te indica que sólo tienes que enviar un correo electrónico a la autoridad sanitaria que la llevó a cabo -en este caso, la ciudad de Cambridge, env.health@cambridge.gov.uk-. El organismo considerará tu solicitud y generalmente te enviará una copia del informe. En algunos casos, es posible que decida que no puede hacerlo, pero te contestará para explicarte por qué.

Si eres el responsable de un establecimiento de alimentación de Reino Unido, la página web del Gobierno donde cualquier consumidor puede conocer los resultados de la última inspección que te hicieron también te ofrece un código para que lo insertes en tu web y puedas mostrárselos tú mismo a los usuarios que la visiten.

Ahora piensa en cualquier empresa alimentaria de España sobre la que tengas dudas. ¿Cuándo le hicieron la última inspección? ¿Que revisaron y qué detectaron en ella? No existe ninguna página web donde puedas acceder a esa información. Ni la del Ministerio de Sanidad, ni la de su Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ni la de ninguna comunidad autónoma o ayuntamiento van a mostrarte los datos que quieres conocer. En los controles alimentarios, hay transparencia cero.

Lo único que ofrece la Aesan en su web es información sobre si un fabricante, distribuidor o almacén de alimentos está dado de alta en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Y de ser así, la página únicamente te indicará el nombre de la empresa, su domicilio y su número de Registro Sanitario. No encontrarás allí ningún dato sobre la fecha en que la autoridad sanitaria -autonómica o local, según los casos- le hizo la última inspección. Ni tampoco sobre si la empresa ha sido sancionada por alguna irregularidad.

Son necesarios cambios legales

La falta de transparencia y las enormes carencias en los protocolos de inspección que han vuelto a quedar patentes con el caso Magrudis ponen de manifiesto la urgente necesidad de acometer una reforma en la normativa sobre seguridad alimentaria. FACUA ha propuesto quince cambios legales y en los mecanismos de control que puedes leer aquí.

No es de recibo que fuese FACUA quien tuviera que averiguar y dar a conocer a los consumidores, el 15 de agosto, qué marca de carne mechada -luego se conocieron más productos contaminados del entramado empresarial- estaba provocando los ingresos hospitalarios por listeriosis. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía lo tenía totalmente confirmado desde un día antes, pero decidió no hacerlo público entonces, pese a que la Listeria puede llegar a causar muertes, interrupciones de embarazo y graves secuelas.

Las mentiras de la Junta de Andalucía

Tampoco es aceptable -más bien resulta una temeraria aberración- que la Junta de Andalucía lanzase inicialmente a la opinión pública falsedades que sólo han ayudado a aumentar el número de casos: no hay riesgo para la salud, está todo controlado, ya no hay ningún producto en el mercado, sólo se distribuyeron en Sevilla y alrededores, la contaminación cruzada es imposible... Son algunas de las mentiras con las que la autoridad sanitaria andaluza contribuyeron a aumentar la confusión entre la población.

La negativa a realizar análisis de sangre a muchas de las personas que han acudido con síntomas a los centros de salud y las urgencias hospitalarias es otra de las graves irregularidades que se han producido en esta crisis alimentaria. Así, numerosos afectados que tuvieron listeriosis por el consumo de productos del entramado Magrudis o como consecuencia de la contaminación cruzada hoy se encuentran sin informes médicos que lo acrediten.

Las inspecciones

Y más allá del cúmulo de ineptitudes y temeridades cometidas por la Junta de Andalucía, no hay que olvidar que el caso Magrudis, la mayor alerta alimentaria por Listeria en la historia de España, podría haberse evitado si el Ayuntamiento de Sevilla hubiese hecho bien su trabajo.

La primera sociedad del entramado, Magrudis SLU, comenzó a funcionar a mediados de 2013 en una nave de un conocido polígono industrial de Sevilla. Ningún inspector municipal pasó por allí para comprobar si el establecimiento desarrollaba su actividad legalmente. La empresa no pidió su alta en el Registro Sanitario hasta finales de 2015. La Consejería de Salud de la Junta no comprobó si la empresa a la que concedía esa inscripción contaba al menos con licencia de actividad para operar en su nave industrial, porque los protocolos de inspección no contemplan que la autoridad sanitaria pida esta información a un ayuntamiento.

Y después de que la Consejería comunicase a la Delegación de Consumo del Ayuntamiento hispalense que Magrudis estaba de alta en el Registro Sanitario, la primera inspección municipal se produjo casi un año después, en noviembre de 2016. En ella, la inspectora que visitó la empresa tampoco comprobó si tenía licencia de actividad, porque los protocolos de inspección tampoco contemplan que un inspector de Consumo pida datos a la delegación municipal competente en condeder estas licencias.

La siguiente inspección debería haberse producido 12 meses después, en mayo de 2017. Los plazos se fijan en función del nivel de riesgo que se determina para cada empresa alimentaria. Pero la visita municipal se produjo con dos meses de retraso, en julio, porque esos plazos pueden estirarse. En esa segunda inspección, la funcionaria decidió reducir el nivel de riesgo de Magrudis porque, entre otras cosas, consideró que la empresa había dejado de distribuir sus productos en distintas localidades de la provincia de Sevilla -como determinó en su anterior visita- y ya sólo lo hacía en la capital -algo que resultó ser falso-. Así que para la siguiente inspección habría que esperar 18 meses, hasta enero de 2019. Pero esa inspección nunca se realizó. Y en agosto, se descubrió la Listeria en sus productos.

Al día siguiente de que FACUA diera a conocer el caso, el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, cometió un error básico de comunicación en el que suelen caer demasiados políticos: elogió a la empresa, sin conocerla de nada, afirmando que había hecho una "magnífica labor" por el mero hecho de cumplir con su obligación de informar a la autoridad sanitaria de la lista de productos que fabricaba y las empresas a las que se la suministraba. Una lista que resultó estar incompleta. Una semana después, cuando los responsables de Magrudis llevaban días negándose a seguir facilitando información a las administraciones, Aguirre insistió en proteger a la empresa asegurando que lo que le había ocurrido había sido fruto de la "mala suerte". Días después, trascendió que el fabricante de los productos La Mechá ya conocía desde febrero que había Listeria en su Carne Mechada desde diciembre, lo ocultó y siguió fabricando y poniendo en el mercado productos contaminados.

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