Vox inició su ataque a FACUA el día que venció el plazo para devolver los 2,5 millones que logró Serrano

El 22 de julio. Ese fue el día que el grupo parlamentario registró en escrito dirigido a la Mesa del Parlamento de Andalucía en el que solicitaba la documentación justificativa sobre las subvenciones recibidas por FACUA, "incluida la relacionada con expedientes de reintegros". Y casualmente también fue el día que finalizó el plazo que había dado el Ministerio de Industria a la empresa creada por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, para que devolviese los 2,5 millones de euros que le otorgó para un proyecto que nunca ejecutó, la creación de una fábrica de biocombustibles en la localidad onubense de Niebla que generaría "más de una docena de empleos directos y centenares de empleos indirectos".

Tras registrar el escrito, firmado por el secretario del grupo parlamentario Vox, Rodrigo Alonso Fernández, y su portavoz, Alejandro Hernández Valdés, la formación de extrema derecha le dio difusión para sembrar un doble bulo. Por un lado, que FACUA había recibido elevadas cantidades de dinero público aportando datos falsos al anterior gobierno de la Junta de Andalucía. Por otro, que la organización había cometido irregularidades con proyectos subvencionados y tenía pendiente la devolución de dinero público por no haberlos ejecutado y justificado.

Cinco días más tarde, el portavoz y vicepresidente de FACUA, Rubén Sánchez, tuvo conocimiento de la operación que había puesto en marcha Vox Andalucía para emprender una campaña de difamaciones basada en puras invenciones. Sánchez lo dio a conocer desde su cuenta personal de Twitter y provocó que la campaña tuviese que lanzarse, de forma precipitada, desde medios de comunicación de extrema derecha dedicados habitualmente a publicar bulos.

¿Irregularidades en subvenciones? Siembran bulos contra quienes defienden derechos sociales en vez de fomentar machismo, homofobia y xenofobia. Pero tienen mucho que callar.

Que VOX aclare qué pasó con el dinero público recibido por la empresa de uno de sus jefes.#QuéOcultaVOX pic.twitter.com/4EeNNSvhkc

— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 27, 2019

En un tuit, publicado el 27 de julio, Sánchez advirtió: "¿Irregularidades en subvenciones? Siembran bulos contra quienes defienden derechos sociales en vez de fomentar machismo, homofobia y xenofobia. Pero tienen mucho que callar. Que VOX aclare qué pasó con el dinero público recibido por la empresa de uno de sus jefes".

Dos meses después, el portavoz de FACUA dio más detalles. Lo hizo al ser preguntado sobre las campañas de difamación de las que vienen siendo objeto desde hace años él y la organización durante una entrevista en el programa de Público TV Otra Vuelta de Tuerka que fue emitida el 20 de septiembre. En su respuesta, hizo alusión a los bulos que estaba difundiendo el partido de ultraderecha y comentó: "Ojalá Vox se mirara dentro y conociera los millones de euros en subvenciones que se llevó el juez Serrano en Andalucía y que no justificó después". "Generalmente, yo lo aprendí con Luis Pineda [el jefe de Ausbanc], esto es una especie de efecto espejo: el que ha cometido una serie de prácticas, inventa que esas prácticas las ha cometido su adversario", concluyó Sánchez.

El jefe de Vox en Andalucía, el juez Serrano, montó una empresa para recibir 2,5 millones de dinero público. El proyecto nunca se ejecutó. Ahora, Hacienda reclama el dinero.

Los que acusan a @facua, entidades feministas y memorialistas de abusos con subvenciones, ante el espejo. pic.twitter.com/uiCJXzRv9j

— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) October 13, 2019

El pasado 13 de octubre, FACUA y el diario Infolibre destaparon que Hacienda reclama a la empresa creada por el juez Serrano 2,5 millones de euros más intereses después de que el Ministerio de Industria hubiera intentado de forma infructuosa recuperar el dinero mediante un expediente de reintegro.

2,5 millones de euros

En 2016, mientras cumplía su condena por prevaricación, Serrano creó una empresa con el fin de pedir una financiación millonaria al Ministerio de Industria por un proyecto que nunca se llevaría a cabo. Para acceder al dinero público, el jefe de Vox en Andalucía y su entonces socio Enrique Pelegrín Díaz constituyeron una sociedad limitada ante notario, Bio Wood Niebla SL, asegurando que su capital social se elevaba a 1,2 millones de euros: 7.000 euros que ambos pusieron en efectivo y máquinas que cada uno aportaba por un valor total de 1.238.000 euros.

Así, el supuesto capital social inicial de Bio Wood Niebla SL era de 1.245.000 euros, dividido en el mismo número de participaciones, de un euro cada una. Serrano era el socio principal, con un 60%, y aportó el capital a través de su empresa Serrano Abogados de Familia SLP (Sociedad Limitada Profesional). Según la información que consta en el Registro Mercantil, puso 4.200 euros en efectivo y un "secadero rotativo LN 10.000 con caldera de biomasa" por valor de 742.800 euros. En la escritura pública, el juez manifestó que era dueño del secadero "por justo y legítimo título, no adeudando nada por su adquisición". Por su parte, Pelegrín aportó 2.800 euros en efectivo y tres granuladoras para la fabricación de pellets valoradas en 495.200 euros, de las que también afirmó ser dueño "por justo y legítimo título".

Pero lo cierto es que ni Serrano era propietario del secadero ni Pelegrín de las granuladoras. El 30 de diciembre de 2016, 36 días después de que, el 24 de noviembre de 2016, Industria hubiese otorgado a la empresa la financiación, de 2.489.000 euros, el juez entonces inhabilitado y su socio descapitalizaron la empresa para que su patrimonio dejase de ser falso. Lo hicieron mediante la supuesta devolución a ambos de la maquinaria que habían declarado al constituir el negocio. La maquinaria que, según ha reconocido hace unos días el jefe de Vox en Andalucía, nunca existió.

En realidad, el juez condenado por prevaricación y su sólo sólo habian puesto 7.000 euros para constituir la empresa. Pero con su ardid simularon que el negocio valía 178 veces más para así recibir el dinero público. Si hubieran declarado al Ministerio de Industria su valor real al pedir la financiación, habría recibido un máximo de 21.000 euros. Y es que la orden que regulaba las ayudas públicas establecía que las empresas recién creadas sólo podían pedir un importe que no superara el triple de su capital social.

La ley no permite facturas proforma para justificar el capital de una sociedad

Bio Wood Niebla SL fue constituida el 30 de marzo de 2016, 21 días después de la convocatoria de ayudas a la inversión industrial lanzada por Industria (programa Reindus) y 18 días antes de que el Ministerio abriese el plazo para su solicitud. En su escritura de constitución se hace constar por los socios aportantes que la maquinaria fue adquirida por justo título y que no adeudaban cantidad alguna por su adquisición. Era falso. Después de que FACUA e Infolibre destapasen que Hacienda reclama los 2,5 millones más intereses a la empresa que crearon Serrano y Pelegrín, el jefe de Vox en Andalucía lanzó un hilo desde su cuenta de Twitter a modo de comunicado en el que aseguró que al constituir la empresa -el 30 de marzo de 2016- se aportaron "facturas proforma referentes a esa maquinaria" y que el notario, Álvaro Sánchez Fernández, consideró "suficiente" dicha documentación.

Expertos consultados por FACUA advierten de que la fórmula utilizada por Serrano y su socio para constituir la empresa vulneró la Ley de Sociedades de Capital. "Debemos considerar irregular una escritura de constitución de una sociedad limitada en la que se tiene en consideración, para el cálculo del capital social, la aportación de una maquinaria que no es titularidad de ninguno de los socios fundadores y que, en consecuencia, y a pesar de lo que se manifiesta en la escritura, no se transfiere al patrimonio de la sociedad", señala Manuel Dopico Gómez-Aller, abogado especializado en derecho mercantil.

Así, en relación a la maquinaria que supuestamente aportaron al capital social, "cabría considerar que se trataba de una compraventa en el que el precio no estuviera totalmente desembolsado, lo que no parece ser el caso dado que nos encontramos ante una factura proforma. Sin embargo, incluso en ese caso no sería posible contabilizar, a efectos de establecer el capital social, el precio total del bien que se aporta al mismo, puesto que la Dirección General de Registros y Notariado estableció que en ese caso únicamente se podría contabilizar como capital social el importe de la compra realmente satisfecho", continúa Dopico. "Por tanto, y a pesar de que éste no parece el supuesto de hecho (dado que no se aporta una factura sino una factura proforma), nunca se podría haber contabilizado como capital social el valor total de de los bienes muebles relacionados si no habían sido abonados en su totalidad en el momento de constituirse la sociedad".

Este experto añade que "el artículo 59 de la ley de Sociedades de Capital establece que será nula la creación de participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial. Su artículo 60 establece que salvo que se manifieste algo diferente en la escritura de constitución, toda aportación se efectuará a título de propiedad. Por otra parte, tanto dicha ley como el Código Civil establecen un régimen de responsabilidades de los socios fundadores en relación a la realidad y veracidad de las aportaciones no dinerarias efectuadas en el acto de constitución (lógicamente también en posteriores ampliaciones de capital)".

"Una de las diferencias existentes entre la constitución de una sociedad limitada y una sociedad anónima es que en la primera, el capital social ha de estar totalmente desembolsado en el momento de la constitución de la sociedad, mientras que en la segunda, la Ley prevé la posibilidad de que se pueda diferir la aportación del capital social hasta en un 75% a un momento posterior (desembolsos pendientes). En el presente caso nos encontramos ante la constitución de una sociedad limitada, por lo que el capital social aportado, sea dinerario o no dinerario, debe estar totalmente desembolsado en el momento de la constitución", finaliza Dopico.

Serrano y Pelegrín dimitieron como administradores solidarios de Bio Wood Niebla SL en una junta de accionistas celebrada el 4 de octubre de 2017, más de diez meses después de que Industria otorgase la financiación millonaria. El jefe de Vox en Andalucía abandonó el negocio y su socio pasó a ser administrador único. Dado que el proyecto no se ejecutó en el plazo establecido en la norma reguladora de las ayudas y la empresa no justificó el destino del dinero, Industria inició un expediente para que reintegrase "todo el préstamo más los intereses de demora", resuelto el 5 de junio de 2019. El plazo voluntario para entregar el dinero finalizó el pasado 20 de julio, aunque al ser sábado se trasladó al lunes 22. Al no producirse devolución alguna, el caso pasó a Hacienda.