Multa de 1,5 millones de euros a Telefónica por el incumplimiento de una condición que permitió su fusión con DTS

La CNMC sanciona a la empresa de telecomunicaciones por no asignar correctamente los costes fijos que determinaban el precio que debían pagar sus competidores para obtener el canal Movistar Partidazo.

Multa de 1,5 millones de euros a Telefónica por el incumplimiento de una condición que permitió su fusión con DTS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 1,5 millones de euros a Telefónica de España SAU por el incumplimiento de uno de los compromisos estipulados en la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 22 de abril de 2015, que permitía la compra de DTS por parte de Telefónica.

En 2015, la CNMC autorizó la operación de concentración de Telefónica y DTS condicionada a que Telefónica cumpliera una serie de compromisos en el mercado de la televisión de pago. Entre otros, poner a disposición de sus rivales una oferta anual de contenidos con canales premium. Además, se fijó la replicabilidad de los productos con estos canales y el acceso no discriminatorio de sus clientes de internet a contenidos de televisión de pago de operadores OTT.

El organismo regulador ha acreditado que Telefónica asignó incorrectamente sus costes fijos del canal Movistar Partidazo, integrado es su oferta mayorista de canales Premium, en la temporada 2016/2017.

La sanción está basada en que Telefónica tomó en consideración un número de abonados propios inferior al que debería haberle correspondido para el reparto inicial del coste mínimo garantizado del canal Movistar Partidazo realizado en julio de 2016. Este hecho provocó que el resto de los operadores interesados en contratar el canal Movistar Partidazo (Vodafone, Orange y Telecable) afrontaran mayores costes, mientras que para Telefónica se produjo una reducción de los mismos, con la consiguiente discriminación a su favor.

La empresa de telecomunicaciones puede ahora interponer un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la sanción.

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