El problema de la vivienda

Para FACUA, la solución de los graves problemas de la vivienda no puede dejarse al libre funcionamiento del mercado, sino que es a todas luces necesaria la intervención y planificación clara y permanente de los poderes públicos, que incluso deben reforzarse en la actualidad con nuevos planteamientos que contribuyan a ir logrando de verdad una oferta de viviendas que responda a las necesidades de todos los ciudadanos. Sobre todo de los que tienen poderes adquisitivos más bajos, ya que hay que tener en cuenta la dificultad que para la mayoría de los consumidores supone el acceder a una vivienda que hoy por hoy se ha convertido en un artículo de lujo, desvirtuándose así el fin social que debería tener.

Sólo así se podrá cumplir lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Española, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Desde esta posición clara a favor de la intervención de los poderes públicos en el problema de la vivienda y en su planificación, establecida en nuestra Constitución, FACUA valora positivamente la reciente aprobación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, un instrumento de intervención y de planificación en el sector que puede ayudar a dar soluciones a la cuestión. No obstante, hay que ser consciente de las limitaciones que la Junta de Andalucía tiene para la solución de este grave problema, cuya principal responsabilidad recae en la Administración central, pero entendemos que sin la existencia de estos planes, la situación actual sería aún mucho peor en Andalucía.

Desde FACUA defendemos una acción clara y contundente de la Administración que actúe sobre el valor del suelo y con ello se contribuya a poner freno a la escalada interminable de los precios de las viviendas. El Plan debe servir para la formación de un importante Patrimonio Público de Suelo y para ello deberán establecerse compromisos con las administraciones locales, para que una parte de los suelos públicos de los distintos municipios tengan como destino viviendas protegidas a bajo precio, evitando que los ayuntamientos sigan viendo el suelo como principal mecanismo de financiación de sus necesidades.

Creemos que la Junta de Andalucía ha de centrase en la formación de patrimonios públicos de suelo, para potenciar la construcción de viviendas protegidas que frenen de verdad la carestía del sector y con ello se pueda garantizar en un futuro no muy lejano el derecho de todos los andaluces a una vivienda digna y asequible a sus posibilidades económicas.

Para ello, la Junta de Andalucía debe hacer una clara apuesta por potenciar las viviendas de alquiler, con precios bajos y dirigidas tanto a los jóvenes, que en la actualidad representan quizás el colectivo con mas dificultades para acceder al mercado de la vivienda en propiedad, como a los trabajadores que se ven afectados por la movilidad laboral.

Hay que potenciar la construcción de miles de viviendas protegidas en sus diferentes modalidades, pero con precios asequibles y además hay que garantizar la transparencia en su acceso y evitar que las viviendas protegidas se conviertan en fuente de ingresos, a través de adjudicaciones indebidas, sobreprecios y trasmisiones ilegales, aprovechando los insuficientes niveles de control actuales.

El Plan deber garantizar también la calidad de las viviendas, pues el elevado número de consultas y reclamaciones con respecto a las calidades y defectos en la construcción de las viviendas, ponen de manifiesto la problemática existente, que impide que muchos consumidores puedan disfrutar de una vivienda en las debidas condiciones de habitabilidad. Por tanto, independientemente de que se detalle en la futura Ley de Vivienda este punto, la Junta de Andalucía debe hacer mayores esfuerzos para garantizar los derechos de los destinatarios, en consonancia con la garantía de la seguridad, el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente.

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