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Cuarenta años del referéndum del 28 de febrero en Andalucía

El papel jugado por el pueblo andaluz tuvo una enorme trascendencia en la configuración política y autonómica de la nación tras la dictadura franquista.

Por Francisco Acosta Orge

El 28 de febrero de 2020 se cumplen cuarenta años del referéndum en el que la ciudadanía que habitaba las ocho provincias andaluzas decidió si la futura comunidad autónoma iba a regirse por el artículo 151 de la Constitución Española de diciembre de 1978.

Algún lector puede pensar que éste es un asunto meramente regional, que sólo puede interesar a los andaluces. Pero con sólo dar un repaso a los momentos históricos del tránsito de la sociedad española de la dictadura franquista a la democracia, el papel jugado por el pueblo andaluz tuvo una enorme trascendencia en la configuración política y autonómica de cara al futuro de la nación.

Fue una iniciativa política consensuada no solamente por los partidos democráticos que habían elaborado la Constitución, exceptuando a la UCD -partido que sostenía al gobierno de la nación-, sino por amplísimas capas de la población andaluza de diferentes clases sociales y económicas, que por primera vez se unían para reclamar por el imperativo de acabar con el secular atraso cultural, económico y social para lograr el mayor grado de autogobierno que permitía nuestro texto constitucional.

Con el triunfo del sí en el referéndum y su aplicación a la comunidad autonómica andaluza, se logró enmendar el consenso reflejado en la Constitución, por razones obviamente políticas e históricas, de la aplicación del artículo 151 para las comunidades de Cataluña, País Vasco y Galicia.

La energía de esta iniciativa de la clase política y de cerca de setecientos ayuntamientos, que lo aprobaron en plenos municipales extraordinarios, y de una gran mayoría de la sociedad andaluza, venía dada por la impresionante cadena de manifestaciones multitudinarias que se habían dado en las ocho capitales de provincia el 4 de diciembre de 1977, donde desgraciadamente se produjo uno de los últimos asesinatos políticos antes de aprobarse la Constitución: la muerte de un manifestante en Málaga, Manuel García Caparrós, que portaba la bandera andaluza, a manos de un policía armado.

La poca perspectiva política que en esos momentos tuvo la UCD -el partido gobernante que había jugado un papel importante para iniciar la transición democrática- para comprender los anhelos de la mayoría de la sociedad andaluza, supuso el inicio de su decadencia electoral y política no sólo en Andalucía, sino en el resto de España. Meses después en ese mismo año dimitía su principal dirigente, Adolfo Suárez, y en el año 1982 el electorado español lo hizo desaparecer como partido mayoritario en el Congreso de los Diputados.

Pero este artículo no puede quedar en un recordatorio para las nuevas generaciones de un episodio importante que marcó en su día la historia de la España democrática, surgida de las primeras elecciones libres tras cuarenta años de una brutal dictadura.

Se hace necesario hacer un balance de lo que ganamos con el 28 de febrero, pero también de los problemas que aun no se han resuelto en ese espacio geográfico, político y social que es Andalucía.

Nadie puede poner en duda las conquistas económicas y sociales conseguidas en estos últimos cuarenta años. La realidad de una sanidad pública para todos los andaluces de todas las clases sociales. La mejora en la educación pública, la vivienda o las importantes comunicaciones que atraviesan la región. También el nivel de vida en general, que ha beneficiado a amplias capas de la población andaluza, castigada desde hacía muchísimos años con la pobreza, la marginalidad, el analfabetismo y severas enfermedades en los pueblos agrícolas y en las ciudades importantes. Además de la forzada emigración histórica de millones de andaluces para ganarse la vida en otras regiones de España o en otras naciones, todo ello por las injustas estructuras de la economía capitalista y de los poseedores de riqueza, asentadas en Andalucía desde hace siglos.

Pero nuestro recorrido autonómico sigue lastrado fundamentalmente por la persistencia del desempleo, la precariedad laboral y los bajos salarios, que nos sitúan en los últimos lugares respecto a la mayoría de las comunidades autónomas y que se agravan aún más si las comparamos con muchas regiones europeas de los países desarrollados.
Mi condición de sindicalista de Comisiones Obreras me hace ser muy sensible a estas cuestiones que empañan cada vez más este recorrido. Resulta inadmisible a estas alturas que el poco o mucho capitalismo financiero andaluz existente, o el empresariado agrícola, industrial y de los servicios, estén por lo general a verlas venir en materia de inversiones -salvo contadas excepciones-, más pendientes de subvenciones, contratos con la Junta de Andalucía y mirar para otro lado ante la realidad laboral andaluza.

Si nuestros empresarios, las entidades bancarias o el capital financiero cambiaran de conducta, la situación de estancamiento de nuestro desarrollo económico y social, junto a la labor del gobierno andaluz, que en ocasiones ha brillado por su ausencia en estos asuntos, debería atraer nuevas y mejores inversiones desde fuera de Andalucía.

La sociedad andaluza no puede seguir anclada en ese grado de postración secular en materia económica respecto a España y a Europa. No nos lo merecemos. Tenemos infraestructuras, universidades con vocación de modernidad, empresarios dinámicos y modernos y también un sindicalismo responsable y representativo, como UGT y Comisiones Obreras, que ha demostrado históricamente, durante años, su capacidad de negociación y de llegar a acuerdos.

A mi entender, esa próxima celebración del cuarenta aniversario del 28 de febrero no puede ser sólo una cuestión de ceremonia e ilustrados actos políticos e institucionales. Hay que mirar el presente y el futuro, y la Junta de Andalucía debe ser consecuente con los anhelos de millones de andaluces de hace cuarenta años y de los de las generaciones actuales, sobre todo los más jóvenes, para conseguir para nuestra región esas cotas de desarrollo económico y social propios de una sociedad moderna y avanzada.

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Francisco Acosta Orge es miembro del sindicato Comisiones Obreras y patrono de la Fundación FACUA.

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