FACUA Córdoba critica la inacción del Ayuntamiento en las políticas de consumo

Antonio Álvarez, concejal de Consumo, ni siquiera ha accedido aún a reunirse con los responsables de las organizaciones de consumidores desde su nombramiento.

FACUA Córdoba critica la inacción del Ayuntamiento en las políticas de consumo
Ayuntamiento de Córdoba. | Imagen: Luis Garcia Castro.

FACUA Córdoba critica la inacción del Ayuntamiento de la ciudad en las políticas de consumo desde el nombramiento del actual equipo de Gobierno local hace seis meses. La asociación lamenta que Antonio Álvarez, responsable de Consumo, ni siquiera haya accedido aún a reunirse con los responsables de las organizaciones de consumidores.

En este sentido, FACUA Córdoba reprocha que la participación que este Ayuntamiento, una coalición PP-Ciudadanos, está dando a las asociaciones de consumidores sea completamente nula e inexistente. Esto evidencia la falta de interés de esta Administración por las políticas de consumo y de protección de los usuarios.

La asociación crítica que la principal preocupación del concejal de Consumo sea realizar campañas de merchandising. Para la campaña que se va a realizar entre el 2 y el 17 de diciembre, el Ayuntamiento ha contratado a la organización de consumidores UCE para que entregue dípticos, imanes y bolsas. Esta asociación va a recibir por la actividad 1.000 euros sin ni siquiera estar inscrita en el registro municipal de asociaciones. Por estos motivos, FACUA Córdoba ha rechazado participar.

La organización entiende que sería de más utilidad que la administración pública impulsara inspecciones municipales para garantizar la calidad de servicios como la hostelería o el transporte que son claves en la ciudad. Además, FACUA Córdoba considera que el Servicio Municipal de Consumo debería explicar, tanto a las organizaciones de consumidores como a la ciudadanía en general, cómo va a afrontar el Ayuntamiento de Córdoba a partir del próximo 4 de diciembre la entrada en vigor del nuevo Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa.

Además, el presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, cree en la necesidad de que este Ayuntamiento instaure un Consejo Municipal de Consumo, tal y como ya le reivindicara a la anterior alcaldesa Isabel Ambrosio y el pasado mes de junio por escrito al actual alcalde José Mª Bellido. Lamentablemente, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta a la propuesta.

La asociación recuerda que este órgano, de carácter consultivo, canalizaría la participación de la ciudadanía y sus representantes en los asuntos relacionados con sus intereses como consumidores dentro del ámbito local.

Para FACUA Córdoba el Consejo podría servir para ejercer las funciones de asesoramiento, propuesta y consulta en el fomento de derechos e intereses de los consumidores. Además, se encargaría de elaborar estudios, informes y dictámenes relativos a su ámbito de actuación, fomentar las vías de arbitraje y mediación para la solución de conflictos entre los usuarios y empresas. Asimismo, sería el responsable de establecer los contactos con otros consejos análogos para intercambiar experiencias y estudiar iniciativas conjuntas en la materia.

Competencias locales en materia de protección a los consumidores

FACUA Córdoba recuerda que la ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de consumidores y usuarios es competencia de los municipios, de acuerdo a la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.

Entre sus funciones, los ayuntamientos están obligados a garantizar la información y educación a la ciudadanía en materia de consumo, así como la orientación y el asesoramiento sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos.

La asociación recuerda también que el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce en su artículo 92 como competencia propia de los municipios andaluces la defensa de los consumidores y usuarios.

Además, el artículo 97 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, establece que "corresponde a los municipios andaluces velar en sus respectivos territorios por la protección de los consumidores".

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