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¿Un Ministerio para protegernos a todos?

Hay 19 autoridades con competencias sancionadoras ante las prácticas que vulneran las leyes de consumo. Tantas como los anillos de poder. Pero no existe una autoridad que acumule los poderes de todas las demás.

Por Rubén Sánchez

Tenemos 19 autoridades con competencias sancionadoras frente a las prácticas empresariales que vulneren las leyes de defensa de los consumidores. Se trata de las agencias, institutos, direcciones o secretarías generales de Consumo de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tantas como los anillos de poder. Pero a diferencia de lo que ocurría en la obra de Tolkien, no existe una autoridad que acumule los poderes de todas las demás cuando se producen fraudes que afectan a usuarios de diferentes territorios.

El nuevo Ministerio de Consumo puede apercibir a las empresas y llevarlas a los tribunales, pero no multarlas por saltarse la legislación. Al igual que ocurría con el antiguo Ministerio de Sanidad y Consumo y con todos los que han tenido entre sus competencias la protección de los consumidores, el de Alberto Garzón carece de la potestad de imponer sanciones.

En 1984 se promulgó la primera versión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y posteriormente fueron aprobándose las leyes autonómicas en la materia. Así que desde hace cuatro décadas, las 17+2 autoridades de consumo tienen la capacidad de aplicar multas proporcionales a las dimensiones de los fraudes cometidos, teniendo en cuenta el número de consumidores de los respectivos territorios donde se cometan.

Así que si se produce un fraude masivo, con millones de víctimas en toda España, para imponer una sanción proporcional al beneficio ilícito obtenido por la empresa es necesario que las 19 autoridades abran expedientes sancionadores y calibren bien la gravedad de las irregularidades. Para encontrar el primer caso en que esta coordinación entre administraciones se produjo tenemos que remontarnos al año... nunca. Y es que en España, la protección eficaz de los consumidores frente a los fraudes masivos ha sido siempre una asignatura pendiente, dada la falta de voluntad política que nos hemos encontrado en todos y cada uno de los territorios.

Expectativas de cambio

La creación de un Ministerio de Consumo en el nuevo Gobierno de coalición abre, sin duda, expectativas de cambio. Hasta ahora, la defensa de los consumidores estaba casi -por ser benévolos- abandonada en los sucesivos ministerios donde las políticas en materia de Sanidad eran la prioridad. Ahora difícilmente podría plantearse la excusa de que hay asuntos más prioritarios que asumir en un ministerio donde se supone que el protagonismo va a asumirlo la única materia que aparece en su denominación.

Pero más allá del interés que puedan mostrar el ministro y su equipo por fomentar actuaciones coordinadas entre las autoridades autonómicas para luchar contra la larga lista de fraudes de los que somos objeto los consumidores, más allá de las actuaciones que puedan llevarse a cabo para detectar esos fraudes y apercibir a sus autoras instándolas a cesar en ellos, más allá de las acciones judiciales que, si quiere, ponga en marcha el Ministerio de Consumo, sigue existiendo la carencia de base: la falta de competencia sancionadora.

En España es necesaria una autoridad estatal que asuma la capacidad para responder a los fraudes masivos con la dureza que corresponda. Frente a ellos, la atomización competencial en 19 autoridades se ha demostrado ineficaz hasta la fecha. Y aunque buena parte de la culpa la tengan los políticos que han estado al frente de cada una de ellas, lo cierto es que resulta mucho más fácil -o menos difícil- que sea un organismo único el que emprenda las actuaciones sancionadoras cuando el abuso en cuestión esté produciéndose en varias comunidades.

La dotación de capacidad sancionadora para el Ministerio con competencias en protección de los consumidores es una reivindicación histórica de FACUA, que de hecho llegó a asumir Podemos en su programa electoral de 2016. Para ello sería necesaria una modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No se trata de quitar estas competencias a las 19 autoridades, sino de que el Ministerio de Consumo -o una agencia adscrita al mismo que se crease en el futuro- las comparta con ellas, pueda trabajar de forma coordinada con esas administraciones territoriales y con el movimiento de consumidores y tenga la capacidad de sancionar de manera proporcional al lucro obtenido a costa de un fraude en todo el Estado.

La propuesta está sobre la mesa del ministro Garzón. Si queremos un Ministerio para protegernos a todos los consumidores, resulta esencial que tenga el poder sancionador.

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