FACUA analiza la nueva Ley de Ordenación de la Edificación en un informe de su revista 'Consumerismo'

Los inmuebles están cubiertos por un seguro de sólo diez años frente a daños estructurales, mientras que los vicios ocultos no están protegidos por ningún seguro obligatorio.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) publica en el último número de su revista Consumerismo un informe sobre la nueva Ley de Ordenación de la Edificación en el que señala que, a pesar del positivo esfuerzo por regular el proceso de edificación, la nueva norma presenta una serie de lagunas e incluso da marcha atrás en la protección de algunos derechos de los propietarios de viviendas.

Así, FACUA critica en su informe que la nueva Ley reduzca la garantía para defectos constructivos que afectan a la habitabilidad del inmueble a tres años sin atender al plazo de diez consolidado jurisprudencialmente. Además, el plazo para exigir responsabilidades es sólo de dos años, cuando anteriormente era de quince, siendo excesivamente corto teniendo en cuenta las gestiones que el consumidor debe realizar (comprobaciones, informes técnicos, etc.).

FACUA también denuncia que el plazo de garantía para daños causados por defectos en los elementos estructurales de un edificio es de tan sólo diez años, el mismo fijado para la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos referentes a bienes muebles. Así, el plazo máximo para reclamar es el mismo si un edificio sufre daños graves en su estructura que si una sobrecarga de tensión produce daños en un electrodoméstico.

Además, la LOE sólo exige la suscripción del seguro de diez años para cubrir defectos estructurales, precisamente los menos reclamados por los consumidores. Frente a esto, aún no se exige la suscripción de los seguros de los vicios constructivos, fuente principal de las denuncias, a pesar que su suscripción se regula en la LOE, lo que puede confundir al consumidor sobre la obligatoriedad de su existencia.

FACUA también critica que los plazos de responsabilidad y garantía comiencen a partir de la fecha del acta de recepción, ya que los promotores podrían no entregar la vivienda hasta cumplidos los plazos de uno y tres años.

La Ley tampoco exige obligatoriamente la intervención de entidades y laboratorios de control de calidad multidisciplinares y objetivos ni la inclusión de sus informes en el Libro del Edificio. Asimismo, esta Ley no es de aplicación a las Administraciones públicas cuando actúan como promotoras y tampoco especifica qué titulación garantiza la profesionalidad de los constructores.

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