La Mesa Social del Agua de Andalucía presenta un decálogo para una transición hídrica justa

Colectivos andaluces instan a la Junta a incluir en el Pacto Andaluz por el Agua medidas que garanticen el derecho humano de este recurso y su gestión pública, así como que protejan ríos, humedales y acuíferos.

La Mesa Social del Agua de Andalucía presenta un decálogo para una transición hídrica justa
De izquierda a derecha: Luis Babiano, de Aeopas; Rocío Algeciras, de FACUA Andalucía; Leandro del Moral, de la Fundación NCA; Noelia Márquez, de COAG; Paco Casero, de la Fundación Savia; y Antonio Amarillo, de Ecologistas en Acción.

La Mesa Social del Agua de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, defiende que el Pacto Andaluz por el Agua, que ahora comienza a debatirse, debe incorporar una serie de principios que garanticen la protección de los ríos, humedales y acuíferos, así como la gestión pública y los derechos humanos al agua y al saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental.

Los colectivos agrupados en esta mesa ( Aeopas, FACUA Andalucía, CCOO, COAG, UPA, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en Acción, Ciref, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua) valoran el interés y la oportunidad para debatir el modelo de gestión del agua en un momento histórico actual, con el cambio climático y la crisis de seguridad hídrica como telón de fondo en el marco del pacto por el agua. En este sentido, sintetizan unas directrices básicas en el siguiente decálogo:

Decálogo para la transición hídrica justa y el derecho humano al agua en Andalucía

1. El espacio para la definición de las políticas hídricas debe basarse en los principios y los objetivos requeridos por la Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos de demarcación, especialmente ahora en la revisión del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027), que es el auténtico marco donde tomar las grandes decisiones de la política del agua, poner en práctica las medidas e inversiones concretas y desarrollar los procesos de participación pública efectiva.

2. En consonancia con lo anterior, la prevención del deterioro y la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios y las aguas costeras, y el buen estado de las aguas subterráneas tiene que ser un objetivo inaplazable de la política de aguas andaluza. Así como la fijación de las necesidades de agua de las especies y hábitats en los espacios protegidos.

3. Para ello resulta clave garantizar el equilibrio entre las demandas de recursos y los realmente disponibles, asumiendo los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y previendo la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático.

4. Todo ello obliga a reorientar la política del agua de Andalucía hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del agua, sostenible en términos ambientales y sociales, siendo imprescindible iniciar una transición hídrica justa.

5. Es preciso abrir un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados. Además de una reflexión también sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra Andalucía y que requiere una atención prioritaria.

6. Es fundamental realizar un diagnóstico de las necesidades que tienen los pueblos y ciudades andaluzas para saber cuánto van a costar esas carencias y cómo se pueden financiar. Es importante establecer unos mecanismos de corresponsabilidad en el servicio a la ciudadanía para el conjunto del territorio.

7. Es necesario redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío, el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional. Esta reorientación requiere el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería ecológica y de baja huella hídrica, así como a la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral. También es necesario apoyar la reutilización de aguas regeneradas y la desalación para sustituir extracciones en los ríos y acuíferos actualmente sobrexplotados, así como el establecimiento de tarifas volumétricas en el sector que incentiven el ahorro de recursos y la aplicación de instrumentos como los bancos de agua bajo un estricto control de las administraciones públicas

8. El pacto del agua debe asumir y promover un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada, en el que puedan intervenir todos los actores socioeconómicos en igualdad de condiciones.

9. El pacto debe asumir y hacer prevaler, como eje central de las políticas del ciclo integral, el derecho humano al agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Para ello es preciso dotar al ciclo urbano del agua de un marco regulatorio que garantice un buen y justo servicio para la ciudadanía, tomando como referencia el Proyecto de Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía.

10. Es necesario desarrollar un proceso de pedagogía social efectiva para facilitar el consenso que requiere afrontar los impactos del cambio climático y los retos de una transición hidrológica justa, que exigen la transformación de los modelos sociales y de pensamiento.

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