La jueza del caso Magrudis accede a la petición de FACUA de imputar a una veterinaria municipal

Abre la vía para que el Ayuntamiento de Sevilla sea considerado responsable civil subsidiario, de manera que haga frente a las indemnizaciones si los bienes de los condenados no son suficientes.

La jueza del caso Magrudis accede a la petición de FACUA de imputar a una veterinaria municipal
Imagen: David Arjona/Efe.

La jueza del caso Magrudis ha accedido a la solicitud de FACUA-Consumidores en Acción de imputar a una veterinaria municipal. Tendrá que declarar el próximo 14 de febrero, según ha acordado la jueza en una providencia dictada el 27 de enero.

El pasado 7 de noviembre, el equipo jurídico de FACUA solicitó a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que imputase por un posible delito de prevaricación a la responsable municipal responsable de las inspecciones a Magrudis. Se trata de una de las inspectoras veterinarias del Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.

Esa Dirección General dependía en la legislatura 2015-2019 del Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del consistorio, que tenía al frente a Carmen Castreño Lucas, actual coordinadora de las empresas municipales. La directora general de Economía y Comercio era en ese periodo Esperanza Caro Gómez, que sigue ocupando el cargo en la actualidad. La jefa del Servicio de Consumo es Luisa Fernanda Jurado Cubero desde mediados de 2017, responsabilidad que anteriormente ocupaba Amparo Guisado Castejón.

Responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento

En su escrito, FACUA solicitó esta imputación y que el Ayuntamiento de Sevilla sea considerado responsable civil subsidiario. Así, el consistorio tendría que asumir el pago de las indemnizaciones que se acordaran por encima del seguro de Magrudis -que sólo cubre 300.000 euros- y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas al pago de responsabilidades civiles.

La investigación policial ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya había dado a conocer FACUA entre agosto y octubre de 2019. Si el Ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016, señala la asociación.

FACUA ya denunció a finales de agosto un cúmulo de dejaciones de responsabilidades por parte del consistorio hispalense dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles. Decisión que fue adoptada por el informe elaborado por la veterinaria que ha sido imputada. Además, pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, ésta no se produjo hasta agosto, como consecuencia de la alerta por Listeria en sus productos.

Providencia de noviembre

En una providencia del pasado noviembre, la jueza requirió al consistorio documentación relativa a las inspecciones que realizó en la sede del entramado y que le aclarase qué actuaciones llevó a cabo -o si no emprendió ninguna- al detectar diferentes anomalías y tras recibir la declaración responsable de la empresa para legalizar su actividad cinco años y medio después de que la hubiera iniciado.

La jueza libró oficio al Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla "a fin de que informen a este Juzgado si se incoó algún expediente sancionador tras la inspección realizada el 24/11/16 en la sede de la mercantil Magrudis, SL, tras detectar que, aunque existe sistema de autocontrol, falta cumplimentar las diferentes hojas de registro".

"Por otra parte, al constar unicamente las actas de inspección 24875 de 24/11/2016 y 24613 de 18/7/17", la magistrada también solicitó al Ayuntamiento que aportase "el resto de las actas de inspección realizadas" en Magrudis SL, "con indicación del personal que las llevó a cabo".

Asimismo, requirió al consistorio que aportase "en relación a las dos actas de inspección indicadas [de noviembre de 2016 y julio de 2017], así como en relación a otras, si existieran", documentación que acredite "el cumplimiento de la instrucción 118/2012, es decir, actas de recogidas de muestras de productos, comprobaciones sobre superficies, recogida de muestras del ambiente interior y comprobaciones sobre el tratamiento del aire interior".

En relación a la declaración responsable que Magrudis presentó en diciembre de 2018 en el Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines, la jueza indicó en su providencia de noviembre que "igualmente deberá informar el Ayuntamiento de Sevilla si, iniciado el expediente 2173/18 y antes del 26/8/2019, se realizó alguna revisión o examen técnico de la documentación aportada en dicho expediente y quién era la persona responsable de dicha tarea, es decir persona encargada y responsable del control posterior, revisión y examen técnico del expediente".

El jefe del Servicio de Protección Ambiental era entonces, y sigue siendo actualmente, Alfonso Pinto del Bot. El director general de Medio Ambiente fue durante la anterior legislatura Adolfo Fernández Palomares, que continúa en el cargo. Depende actualmente del Área de Transición Ecológica y Deportes, del concejal José Luis David Guevara García. En la anterior legislatura dependía del Área de Hábital Urbano, Cultura y Turismo, que al igual que en la actual dirigía Antonio Muñoz Martínez.

Únete a la plataforma de afectados por la carne mechada La Mechá
Ya somos 302