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La protección del consumidor como instrumento en la lucha contra la desigualdad

En el ámbito de la Unión Europea, el propio concepto tiene una noción amplia siendo consumidores todas las personas que aspiran a tener una adecuada calidad de vida.

Por Olga Ruiz Legido

El desarrollo de una economía cada vez más globalizada ha hecho que se experimente un incremento vertiginoso de la producción y el consumo, incentivando a acumular y concentrar la riqueza, además de mostrar una clara tendencia por el incremento de las desigualdades y las situaciones de desequilibrio. Todo esto provoca que nos encontremos ante una realidad que hace visible la necesidad de concebir la protección de los consumidores mucho más allá de la mera salvaguarda de la parte más débil de una relación contractual como consecuencia de la adquisición de bienes y servicios. La protección de los usuarios entra así en conexión directa con principios de sostenibilidad social, económica y medioambiental, y exige un tratamiento transversal, teniéndola presente en distintos ámbitos de actividad y conectándola con otras políticas públicas con incidencia en la calidad de vida de la población.

Además de la aprobación de normas que impidan los abusos y el empleo de prácticas que lesionen los legítimos derechos e intereses de los consumidores, de la adopción de medidas apropiadas para garantizar la inocuidad de los bienes o servicios puestos en el mercado o la puesta en marcha de programas generales de educación e información dirigidos a los usuarios para que conozcan los derechos que les asisten en sus relaciones con el mercado; la protección de los consumidores requiere también de la implementación de políticas dirigidas a evitar la exclusión y la desigualdad, garantizando el acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios, en condiciones de no discriminación, promoviendo modalidades de producción, distribución y consumo que sean sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Asimismo, la protección de los consumidores frente a riesgos que pudieran atentar contra su salud y su seguridad necesariamente entraña la adopción de medidas (por ejemplo, en ámbitos como el uso del transporte, la energía o la vivienda) tendentes a garantizar la conservación de un medio ambiente cada vez más degradado, resultado de niveles voraces e insostenibles de producción y consumo, que igualmente generan pobreza y desigualdad tanto entre los consumidores de un mismo país como a escala global.

A todo lo anterior se añade la necesidad de velar por el acceso de todos los consumidores en condiciones adecuadas de calidad y a precios asequibles a bienes y servicios esenciales como alimentos básicos, energía, vivienda, agua potable y saneamiento y servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, el transporte o las comunicaciones. Esto requiere de la adopción de políticas adecuadas que propicien unas condiciones de vida digna inherentes a la condición de consumidor como sujeto de derechos específicos.

En este sentido, en el propio ámbito de la Unión Europea (UE), el concepto de consumidor responde a una noción amplia, no circunscrita al adquirente de un bien o contratante de un servicio. Una noción amplia o abstracta, según la cual son consumidores todas las personas que aspiran a tener una adecuada calidad de vida.

Un ejemplo de esta noción amplia se encuentra en la Resolución del Consejo de la CEE, de 14 de abril de 1975, relativa a un programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de protección y de información de los consumidores, cuando establece en su número 3 que "en lo sucesivo el consumidor no es considerado ya solamente como un comprador o un usuario de bienes o servicios para un uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona a la que conciernen los diferentes aspectos de la vida social que pueden afectarle directa o indirectamente como consumidor".

Este concepto está también en la letra y el espíritu de las propias Directrices de Naciones Unidas en materia de protección de los consumidores, entre las que cabe destacar las referidas a las políticas de fomento del consumo sostenible que deben tener en cuenta como objetivos "la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades humanas básicas de todos los miembros de la sociedad y la reducción de la desigualdad, tanto dentro de los países como entre ellos".

La Agenda Estratégica 2019-2024 del Consejo de la Unión Europea reconoce que una protección social adecuada, unos mercados laborales integradores y el fomento de la cohesión social ayudarán a Europa a preservar su modo de vida, como también lo harán un elevado nivel de protección del consumidor y de las normas alimentarias, así como un buen acceso a la atención sanitaria.

La mayoría de los ordenamientos jurídicos que contemplan normativa en materia de consumo y de protección del consumidor, consagran el derecho del consumidor a la educación y formación en materia de consumo. Contemplan entre sus objetivos el promover la racionalidad en el consumo y adecuar las pautas del mismo a un uso racional de los recursos naturales. Asimismo, consagran el derecho de los consumidores a disponer de una información veraz, eficaz y suficiente. Y establece los principios generales para la adecuada protección de la salud, la seguridad, abarcando un radio de acción más allá del ámbito de las relaciones contractuales empresario-consumidor e involucrando al conjunto de los poderes del Estado, operadores económicos y sociales y consumidores.

La protección del consumidor implica la lucha contra la pobreza y la desigualdad, trabajar por la consecución de unas condiciones de vida dignas y de calidad y requiere necesariamente de la intervención e implicación de los poderes públicos y de la sociedad civil organizada, de las organizaciones de consumidores y usuarios, en aspectos o materias que trascienden las meras relaciones comerciales y contractuales que puedan darse como consecuencia de la adquisición de bienes y servicios.

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Olga Ruiz Legido es la secretaria general de FACUA.

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