La Fiscalía añade 11 nuevos imputados por la trama de la comercialización ilegal de productos cárnicos

La causa suma ya 25 personas y empresas bajo investigación.

La Fiscalía añade 11 nuevos imputados por la trama de la comercialización ilegal de productos cárnicos

La Fiscalía de Badajoz ha añadido 11 nuevos investigados en el caso de la comercialización ilegal de productos cárnicos, después de que la investigación inicial acabara con la imputación de 14 sospechosos y la inmovilización por parte de la Guardia Civil de casi 25.000 piezas mal trazadas.

Según ha publicado Economía digital, el aumento se debe a las ramificaciones de la trama que, además de Extremadura, tiene conexiones en otras siete ciudades: Barcelona, Madrid, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia y Zaragoza. La investigación avanza bajo la hipótesis de la existencia de un entramado empresarial del sector cárnico que comercializaba ilegalmente productos ibéricos.

El siguiente paso consiste en la llamada a declarar a todos los investigados por parte de la jueza que instruye la causa en el Juzgado de Jerez de los Caballeros, en Badajoz.

La operación contra este entramado, conocida como Sanedrac, se dio a conocer el pasado miércoles 3 de febrero y se inició tras el descubrimiento de supuestas anomalías en una partida de productos cárnicos incautada que presenaba problemas de trazabilidad relativos a la normativa de calidad.

Por ahora, la única empresa implicada cuyo nombre se ha dado a conocer es Monteporrino, donde la Guardia Civil encontró las casi 25.000 piezas, entre jamones y paletas, que fueron posteriormente intervenidas por carecer de sellos sanitarios.

Monteporrino, propiedad de la empresa Surave Spain SL, está dedicada al criado de pollo y lleva sin actividad un año, desde que presentó concurso de acreedores en febrero de 2019. Su liquidación, según la documentación judicial, se produjo en diciembre del mismo año.

Tal y como ha publicado igualmente Economía Digital, Surave recibió de la Junta de Extremadura una ayuda económica por valor de 108.000 euros pese a no haber cumplido uno de los requisitos fundamentales para recibir la subvención: mantener la contratación indefinida objeto de la ayuda durante al menos veinticuatro meses.

La Junta ya ha comunicado que tiene previsto solicitar la reclamación del dinero, más los intereses de demora.

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