FACUA considera una burla a los usuarios la moratoria que pretende establecerse para que los aparcamientos comiencen a cobrar por minutos

El proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores aprobado por el Congreso obvia que el redondeo al alza ya estaba prohibido desde 1984.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera inaceptable y una burla a los usuarios la moratoria que pretende dar la futura Ley de Mejora de Protección de los Consumidores a los aparcamientos públicos para que comiencen a tarificar por minutos.

FACUA recuerda que el redondeo al alza está prohibido por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Al incrementar los precios por servicios no prestados, en este caso, por el tiempo de permanencia, las empresas que redondean vulneran lo establecido en su Disposición Adicional Primera, apartado V, punto 24.Dicha norma considera cláusulas abusivas tanto las condiciones que impongan el pago de servicios no prestados como las que produzcan un desequilibrio entre las partes.

El Proyecto de Ley aprobado ayer por el Congreso de los Diputados prevé una moratoria de cinco meses para los aparcamientos públicos de titularidad privada y de hasta ocho meses a los que funcionan en régimen de concesión administrativa.

La ilegalidad del redondeo se ha puesto incluso manifiesto en sentencias judiciales y, en concreto, en la ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid a finales de 2005 contra varias empresas de aparcamientos de Madrid, a raíz de una demanda promovida por el propio Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Con la moratoria, la ley pretende dar carta de legalidad a los redondeos aplicados cuando éstos se encuentran claramente prohibidos por la citada ley de 1984.

En el mes de febrero, la Federación presentó denuncia contra las empresas titulares de sesenta y nueve aparcamientos de quince ciudades españolas por incrementar el precio de sus servicios aplicando redondeos, en fracciones de una hora completa en la mayoría de los casos. Las denuncias se presentaron ante los organismos competentes de las comunidades autónomas de las empresas responsables de un aparcamiento de Algeciras, siete de Barcelona, trece de Cádiz, uno de Córdoba, uno de Cornellá de Llobregat, cuatro de Granada, cinco de Jerez, tres de La Línea de la Concepción, dos de Las Palmas de Gran Canaria, dos de L'Hospitalet de Llobregat, seis de Málaga, dos de Madrid, uno de Sant Boí de Llobregat, diecinueve de Sevilla y dos de Valladolid.

Hasta la fecha algunas administraciones autonómicas han comunicado a FACUA la apertura de expedientes sancionadores contra los parkings denunciados, sin que haya todavía resolución alguna. Entre ellas se encuentran las administraciones competentes de Cataluña, Madrid, Castilla y León y Canarias. En el caso de Andalucía,las denuncias presentadas por FACUA se han incluido en la campaña que la comunidad está realizando en materia de aparcamientos durante 2006.

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