Todos contra el canon pide al Defensor del Pueblo que recurra la LPI al Constitucional

La plataforma, de la que forma parte FACUA, advierte que el sistema de canon establecido por la Ley de Propiedad Intelectual establece una presunción de delito para quien compra dispositivos digitales.

La plataforma Todos contra el canon ha pedido amparo al Defensor del Pueblo al considerar inconstitucional la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

La plataforma solicita al Defensor que recurra la LPI ante el Tribunal Constitucional por considerar que el sistema de canon que la ley establece sobre los soportes digitales establece una "presunción de delito para quien compra dispositivos digitales".

Asimismo, la plataforma, de la que forma parte la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), denuncia la "nula transparencia" de las entidades de gestión de derechos, destinatarias del monto económico que se cobra en concepto de canon a los usuarios. Según Ofelia Tejerina, letrada de la Asociación de Internautas el canon supone un "agravio" contra los consumidores, "lejos de ser lo que en la exposición de motivos se persigue, que es conciliar los derechos de los titulares de obras protegidas", que además se aplica, a su juicio, "erróneamente" sobre la compra y distribución de dispositivos de memoria y no sobre "el uso de una obra digital y su copia privada".

Tejerina expuso parte de los argumentos en que se basa el recuso, que se centra en el Artículo 25 de dicha ley, por el que se establece el canon. "La compra de dispositivos digitales no puede convertirse en presunción de delito", pidió Tejerina, que aseguró que los equipos sobre los que se aplica el canon -discos compactos, memorias portátiles, discos duros, o reproductores- "se utilizan para trabajar o en el entorno doméstico".

Por ello, apostó por un nuevo sistema que grave la obra artística en el origen y que de esa manera se aplique "más justamente" a quien la compra y puede copiarla, y la perciba el autor cuya obra genera derechos.

Por otra parte, la letrada insistió en que la Ley da consideración de "irrenunciables" a estos derechos económicos, "como el de los autores a percibir una cantidad, cuando esa categoría sólo la tienen los derechos morales" y la Ley no contempla la posibilidad de copyleft, por la que los autores ceden libremente sus obras y renuncian a compensaciones económicas: "pero aún así se cobra un canon a un soporte cuando el autor ha renunciado a él", apuntó.

Otro de los aspectos que criticó es la recaudación del canon a través de las entidades de gestión de los derechos de autor, asociaciones "que no reúnen ni una sola de las condiciones de transparencia que se le exige a la Administración". "Nadie cuestiona que los autores tienen derecho a percibir una cantidad por la copia de sus obras, pero también tienen derecho a decir cómo, y por quién la van a cobrar", afirmó Tejerina.

"Esta es una forma de recaudación tributaria encubierta que se olvida de los usuarios y se centra en otros intereses, porque lo que pretende es compensar la pérdida de la piratería, que es la verdadera lacra del sector. Pero la piratería es un delito y se combate con los mecanismos para ello, y no con más impuestos sobre los consumidores", aseguró la abogada.

Demandas contra las tiendas minoristas

En defensa del recurso también participó Ana María Méndez, en nombre de la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de informática (Apemit), que calificó la Ley de "una tragedia" para el sector. "Nuestras empresas, la mayoría familiares, reciben cartas de entidades de gestión que nos anuncian una auditoría y nos exigen nuestras cuentas. Buscan en nuestras facturas todo soporte digital vendido desde 1999, y, con una demanda en sentido retroactivo, nos informan de que les adeudamos una cantidad que luego no sabemos dónde va", explicó.

Méndez lamentó que las cuentas de las entidades de gestión "no sean en absoluto transparentes", y denunció que "cobran su canon varias veces", exigiéndoselo a proveedores primero, y a los minoristas después por el mismo concepto o producto. "Pero eso no lo podemos probar porque sus cuentas son secretas, lo sabemos porque los proveedores nos avisan", dijo Méndez, que explicó que "diez demandas de las entidades de gestión ascienden a un millón de euros".

Las demandas sobre el canon para un DVD virgen, según dijo, ascienden a 1, 20 euros más IVA por unidad, cuando el precio de venta para cada uno no supera los 25 céntimos, según Méndez. "A este problema hay que sumarle la economía sumergida de tiendas de importación, y las grandes superficies, que tienen un acuerdo secreto con las entidades de gestión de derechos y que no conocemos", aseguró.

En la misma línea, Miguel Ángel Blanco, presidente de la Confederación general de las pequeñas y medianas empresas del Estado español (Copyme) criticó que se aplique "un nuevo impuesto a los más de tres millones de autónomos" de España, especialmente grave en el caso de los fotógrafos profesionales, "a los que se les cobra por sus propios derechos de autor en lugar de pagárselos", afirmó.

Por último, María Losada, representante de la Asociación Española de Documentación Digital (Aedoc), cifró los ingresos de las entidades de gestión en "más de 200 millones de euros" para 2005, y unas previsiones europeas de más de 2.100 millones de euros en 2010.

Acerca del contexto europeo, señaló que "mientras en Inglaterra se abre el conflicto a consulta pública, en España ya hay una ley que establece un canon", y afirmó que, mientras un dispositivo de 30 Gb de memoria incorpora 90, 6 euros de canon en España, en Alemania apenas se suman 2, 56 euros y cero en Inglaterra.

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