Movimientos en las eléctricas

FACUA advierte que la especulación en el sector eléctrico puede poner en peligro el abastecimiento y la calidad del suministro

Demanda al Gobierno que empiece a pensar en los consumidores e introduzca un cambio en el modelo regulatorio. Asimismo, le pide que abandone sus complejos y endurezca la posición frente a Bruselas ante la OPA de E.On.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las maniobras especulativas que se están produciendo en el sector eléctrico pueden poner en peligro a medio plazo el abastecimiento y la calidad del suministro.

El sector asiste a un proceso especulativo desproporcionado en el que sólo se tienen en cuenta los intereses de los grandes inversores, en la búsqueda de beneficios económicos inmediatos para unos y en la pretensión de controlar el sector energético para otros. La especulación y los intereses políticos para controlar un sector tan sensible en Europa como el energético están convergiendo sin que nadie ponga sobre la mesa los intereses de los consumidores, denuncia FACUA.

En opinión de FACUA, la política debe jugar un papel de peso ante los cambios accionariales de las empresas del sector ya que lo que está ocurriendo en los últimos meses no va a beneficiar a los usuarios ni al propio sector energético español. Si no se produce una intervención del Gobierno, con cambios sustanciales en el modelo regulatorio, se pueden producir consecuencias graves para los consumidores españoles.

Habrá repercusión en las tarifas y puede peligrar el abastecimiento y la calidad del suministro

En primer lugar, FACUA cree que para compensar la compra de grandes paquetes accionariales a precios sobrevalorados se provocarán recortes en las inversiones, entre ellas un nuevo abandono de las redes de distribución como ya ocurrió al inicio de la liberalización del sector. La Federación se pregunta cómo después de pagar la acción a 37 euros van a existir posteriormente compromisos para invertir en la mejora de las redes de distribución.

Frente a ello, la lamentable regulación del sector, sin parámetros de calidad aceptables ni sanciones contundentes cuando se producen problemas de abastecimiento. Sólo hay que echar la vista atrás a los apagones producidos como consecuencia de los recortes en las inversiones en redes de distribución para evaluar si las sanciones y las compensaciones a los usuarios han sido suficientes para evitar que la situación de perpetúe e incluso se agrave.

Y ello unido a significativos aumentos en las tarifas y más presiones de las empresas del sector al Gobierno para que elimine el actual sistema de tarifas reguladas antes incluso de la fecha prevista, 2011.

El Gobierno debe endurecer su posición frente a Bruselas

FACUA demanda al Gobierno que abandone sus complejos y endurezca la posición frente a Bruselas ante la OPA de E.On. La Federación considera incomprensible cómo pueden ponerse trabas tan enormes a la fusión o agrupamiento de empresas españolas en sectores tan sensibles como el energético y sin embargo se presiona para eliminar todo tipo de límites a la absorción por empresas extranjeras.

En este sentido, critica que desde determinados sectores se haya presentado la OPA de Gas Natural sobre Endesa como un elemento eliminador de una competencia que sencillamente no existe, mientras que las condiciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), por otro lado poco difíciles de asumir, sobre a la OPA de E.On se planteen como inadmisibles.

FACUA recuerda que la OPA lanzada por Gas Natural contenía una serie de compromisos de mejora de la calidad del suministro, con inversiones en redes y otra serie de elementos. Ahora, ni E.On ni las empresas que están adquiriendo grandes paquetes de acciones de Endesa e Iberdrola, Acciona y ACS, han anunciado compromisos de mejora de la calidad del suministro.

FACUA hace, en definitiva, un llamamiento al sector financiero, especialmente a las cajas de ahorros, a los sectores industriales y a los políticos a que potencien un sector eléctrico fuerte, controlado por España y con una regulación que garantice los derechos e intereses económicos de los consumidores.

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