Las empresas podrán tener asociaciones de consumidores 'a sueldo' si no hay cambios en el proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores

El texto se debate hoy en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que el Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores elimina la prohibición de que las asociaciones de consumidores reciban dinero de las empresas. El texto se debate hoy en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

FACUA, que trasladó en abril a los grupos parlamentarios su rechazo a éste y otros elementos del proyecto, considera vergonzoso e indignante que el Ministerio de Sanidad y Consumo pretenda dar carta de legalidad a prácticas que nunca han sido perseguidas. Y ello pese a estar prohibidas desde los años 80 para evitar que las empresas limiten la independencia de las organizaciones de consumidores.

El artículo 21 del Proyecto de Ley desvirtúa totalmente el principio de independencia de las asociaciones de consumidores frente a operadores de mercado, al excepcionar una serie de supuestos en los que se permitirá que puedan recibir ayudas económicas del sector empresarial, "esporádicamente", para el desarrollo de "actuaciones de carácter general dirigidas a los consumidores" así como "estudios o trabajos u otras tareas".

En definitiva, la práctica imposibilidad de controlar estas ayudas económicas abrirá la posibilidad de que las empresas y grupos empresariales tengan asociaciones de consumidores a sueldo para defender sus intereses o atacar a los de la competencia.

En las alegaciones trasladadas a los grupos parlamentarios, el presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, advierte que "un movimiento organizado de consumidores, fuerte, plenamente independiente y con capacidad e influencia de intervención en el mercado sólo puede conseguirse sobre la base de garantizar su financiación por la vía de los ingresos propios provenientes de sus asociados y las ayudas y subvenciones que los poderes públicos deben aportar derivadas del mandato constitucional de apoyo recogido en el artículo 51 de la Constitución”.

"Abrir las puertas a las 'aportaciones' del sector empresarial", continúa, "y legitimar que éste pueda contribuir a la financiación de las organizaciones de consumidores, supone a medio y largo plazo debilitarlas aún más, restarles una ya escasa capacidad de influencia e intervención en el mercado y anular su carácter de independencia y la credibilidad del movimiento frente a los ciudadanos". "¿Qué credibilidad tendría un estudio comparativo 'pagado' por una determinada empresa o asociación empresarial, sobre todo si sus productos forman parte del estudio?", plantea.

FACUA considera que la vinculación con los operadores económicos entraña un evidente riesgo de desnaturalización de la actividad de las asociaciones de consumidores y de una actuación no conforme con sus fines exclusivos de protección de los consumidores, incluso el riesgo de que puedan ser utilizadas para la competencia entre distintas empresas.

FACUA está elaborando un código ético por el que se regirán sus organizaciones miembros que, para garantizar su independencia, plasmará la prohibición de recibir aportaciones económicas por parte de empresas.

Redondeos

Con respecto al redondeo al alza en el cobro de servicios como la telefonía o el aparcamiento de vehículos, cuya prohibición ha sido utilizada por el Gobierno como estandarte de la nueva Ley, FACUA recuerda que se trata de prácticas que ha estaban prohibidas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, como han puesto ya de manifiesto sentencias judiciales.

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