FACUA Cádiz denuncia que la Junta hace peligrar la continuidad de 9 trabajadores al desalojar su sede

El presidente de la asociación, David Cifredo, ha asegurado que "resulta vergonzoso que en todo este proceso el delegado de Empleo no haya dado ni una sola vez la cara".

FACUA Cádiz denuncia que la Junta hace peligrar la continuidad de 9 trabajadores al desalojar su sede
La sede de FACUA Cádiz fue desalojada el pasado miércoles 27 de mayo.

FACUA Cádiz denuncia que la Junta de Andalucía ha ejecutado el desalojo de la sede de la asociación sin reparar en que con esta decisión pone en peligro la continuidad de nueve trabajadores de la organización.

La asociación, que viene desarrollando su actividad en dicho local dese hace 37 años, cuenta actualmente con 11 trabajadores. De ellos, nueve prestaban su servicios en la sede que fue desalojada el pasado miércoles 27 de mayo por orden de la Delegación Territorial de Empleo en Cádiz, al estar el local adscrito a la misma.

El presidente de FACUA Cádiz, David Cifredo, ha indicado que "resulta vergonzoso que en todo este proceso el delegado de Empleo, Alberto Cremades Schulz, no haya dado ni una sola vez la cara en una provincia que si destaca por algo es por una altísima tasa de desempleo, agravada aún más por la crisis del Covid-19".

"Parece que la principal preocupación de Cremades ha sido echarnos de nuestra sede sin importarle los más mínimo el futuro laboral de los trabajadores", ha afirmado Cifredo. FACUA Cádiz considera paradójico que para justificar su decisión, entre otros argumentos, la Delegación de Empleo esgrima la necesidad de utilizar las instalaciones para un centro de orientación laboral para desempleados.

Por otro lado, Cifredo ha asegurado que "dado que el desalojo ha coincidido con la implantación del teletrabajo debido a la pandemia del coronavirus, hemos podido seguir desarrollando nuestra actividad. De esta forma, por el momento no nos vemos obligados a prescindir de ningún trabajador".

En este sentido, para asegurar que se seguirá contando con toda la plantilla cuando vuelva la situación de normalidad y el trabajo presencial, Cifredo ha indicado que "nos hemos visto obligados a contactar de forma urgente con otras administraciones, concretamente con los ayuntamiento de Cádiz y de Jerez de la Frontera, a las que hemos trasladado una petición de ayuda ante la inusitada prontitud con la que la Junta ha ejecutado el desalojo, sin esperar para ello a la finalización del estado de alarma". El presidente de la asociación ha denunciado que "la urgencia de la Junta ha llegado a tal extremo que ni siquiera nos dio tiempo a abrir la notificación del desalojo, que nos fue remitida telemáticamente. Tampoco han esperado a la resolución judicial de la demanda que hemos presentado".

Rechazo a la decisión de la Junta

Los dirigentes municipales de Cádiz y Jérez de la Frontera han transmitido a la asociación su solidaridad y rechazo a la decisión de la Junta por el daño que puede causar no sólo a la organización, sino a los consumidores de la provincia. Cifredo ha asegurado que "con o sin la ayuda que podamos recibir por parte de otras administraciones saldremos adelante sin que se produzca un menoscabo importante en nuestro nivel de actividad".

El dirigente de FACUA Cádiz ha recordado que "seguiremos batallando en los tribunales" y ha vuelto a insistir en que esta decisión de la Junta "se adopta por venganza y no por necesidad o porque carezcamos de un título que acredite la cesión del local".

Así, con respecto a esta falta de acreditación, Cifredo ha resaltado que "resulta ridículo que la Junta esgrima este argumento, habida cuenta de las numerosas actividades que hemos desarrollado en dicha sede en colaboración con la misma, en las que, por cierto, tanto el mantenimiento como el pago de los suministros, de cuyos contratos somos titulares, siempre han corrido de nuestra cuenta. En cualquier caso, si éste era el problema, la solución hubiera sido tan sencilla como firmar un documento que oficializara la cesión".

En relación con la necesidad de hacer obras en el inmueble, argumento que también ha utilizado el Gobierno autonómico para proceder al desalojo, Cifredo ha replicado que "aunque la Junta no ha podido acreditar esa supuesta necesidad, no hubiéramos tenido ningún inconveniente no sólo en abandonar el local mientras se desarrollaran las obras sino, incluso, en financiar la parte que nos correspondiera. Siempre que hubiera existido el compromiso por parte de la administración de permitirnos el regreso tras su finalización, algo a lo que ni siquiera hemos recibido respuesta".

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