Denuncian la ilegalidad de los contratos suscritos entre el Gobierno y las compañías eléctricas que operan en República Dominicana

Fundecom advierte de la existencia de distorsiones en el cálculo de las elevadas tarifas que pagan los usuarios.

La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) de República Dominicana ha denunciado la ilegalidad de los contratos suscritos entre el Gobierno y las compañías eléctricas y la existencia de distorsiones en el cálculo de las elevadas tarifas que pagan los usuarios.

La Fundación considera que, contrariamente a lo afirmado por la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Elena Viyella, el principal problema en el sector eléctrico no es el robo de energía por parte de determinados usuarios que la reciben sin pagar, "sino los onerosos contratos firmados a la sombra del Acuerdo de Madrid, el 2 de agosto de 2001, cuando ya estaba vigente a plenitud la Ley General de Electricidad, lo que ha impedido que se compre un solo kilo de energía por licitaciones públicas, como manda el artículo 110 de esa Ley".

Los contratos fueron firmados con las compañías Cogentrix y Smith y Nerón, y después con Monterío Power y Metaldom. En segundo lugar, señala la Fundación, "está el abuso contra los usuarios" y en tercero, el robo de energía eléctrica, "que es muy fácil de detectar y enfrentar si se tiene el propósito de hacerlo".

Fundecom advierte que la compra de energía eléctrica de las distribuidoras a las generadoras "debe hacerse mediante licitaciones públicas, supervisadas por la Superintendencia de Electricidad (SIE), a fin de que se adquiera energía del generador que la ofrezca al mejor precio, y ese mandato legal nunca se ha cumplido, lo que ocasiona graves perjuicios a los usuarios del caro e ineficiente servicio".

Fundecom plantea que los contratos firmados bajo el Acuerdo de Madrid eran ilegales, así como los que se concertaron a finales de 2004, "puesto que se colocaron a espaldas de lo establecido en la Ley General de Electricidad y han permitido que adquiramos el servicio de energía eléctrica más caro y deficiente del planeta".

Fundecom demanda al Gobierno dominicano que rechace "los ilegales contratos firmados bajo el Acuerdo de Madrid y los posteriores de fines de 2004 así como cualquier otro que sea contrario a la Ley General de Electricidad". La Fundación también pide que se obligue a los generadores a vender la energía que producen en base a licitaciones públicas, "que deberá reglamentar y supervisar la SIE, por mandato de la ley". Asimismo, demanda "que se corrija la injusta fórmula matemática que distorsiona los precios en perjuicio del usuario, al sobredimensionar los factores de precio base y de ponderación de combustibles, como recomendó un especialista al servicio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales delante del Presidente de la República".

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