Lucha contra los recortes en el acceso a la Justicia

La nueva ley de tasas judiciales aprobada por el Gobierno de Rajoy divide la Justicia en una para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos.

Lucha contra los recortes en el acceso a la Justicia

La nueva ley de tasas judiciales (Ley 10/2012, de 20 de noviembre) aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy supone la implantación de una Justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de nuestros recursos económicos.

Esta medida provocará la indefensión de multitud de ciudadanos, por lo que se trata de otro grave recorte de derechos.

Con ella, el Gobierno hace caso omiso del artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce nuestro derecho a la tutela judicial efectiva "sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Con estas tasas van a darse situaciones tan aberrantes como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o la ejecución de un laudo arbitral para la devolución de una factura telefónica de 80 euros.

Otros ejemplos escandalosos implican el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca.

Resulta indignante que los afectados por fraudes masivos, como el que ha cometido la banca con las participaciones preferentes, vayan a tener ahora una barrera más que superar para poder recuperar su dinero. Así, ir a juicio para pedir la devolución de 20.000 euros en una primera instancia requerirá del pago previo de 400 euros.

De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para aquellos ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad.

Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por todo ello, como ciudadano, expreso públicamente mi rechazo a la ley de tasas judiciales y demando al Gobierno que asuma el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y paralice esta medida.

Esta campaña ya finalizó, aunque si quieres puedes contactar con nosotros para exponernos alguna cuestión relacionada con ella.

Los vídeos de la campaña

Aquí puedes ver el vídeo de la campaña #Justiciapararicos protagonizado por Alberto San Juan.

Aquí puedes ver el vídeo de la campaña #Justiciapararicos protagonizado por Olga Ruiz.

Aquí puedes ver el vídeo de la campaña #Justiciapararicos protagonizado por Fernando Berlín (@Radiocable).

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