FACUA considera necesaria la intervención del Gobierno central en la política urbanística

La Federación advierte que el urbanismo debe concebirse como una política de Estado de carácter prioritario por las numerosas recalificaciones de suelo irresponsables con el medio ambiente y los ciudadanos.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera necesaria la intervención del Gobierno central en la política urbanística para frenar las prácticas que propician la especulación y el desarrollo urbanístico desmesurado e insostenible, además hacer cumplir la legalidad y acabar con los casos puntuales de corrupción.

FACUA advierte que el urbanismo debe concebirse como una política de Estado de carácter prioritario, no ya por la existencia de determinados casos de corrupción, sino fundamentalmente por las numerosas recalificaciones de suelo que, aunque legales, no dejan de ser irresponsables con el medio ambiente y los ciudadanos.

La Federación hace un llamamiento a los partidos políticos para que no utilicen como arma política arrojadiza los casos de corrupción detectados en materia de urbanismo y centren sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones al problema.

FACUA considera que presentar la corrupción como una práctica generalizada o su atribución en exclusiva a miembros de determinados partidos políticos son discursos irresponsables e irrespetuosos con la inmensa mayoría de alcaldes, concejales y funcionarios competentes en materia urbanística, cuyas actuaciones se centran en el beneficio de los ciudadanos.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha anunciado que solicitará la creación de un órgano donde las administraciones competentes aborden la corrupción urbanística. En este sentido, FACUA considera que más que un órgano meramente interadministrativo, éste debería abrirse a la participación de los agentes sociales y económicos, entre ellos las asociaciones de consumidores representativas, y abarcar también la problemática del urbanismo insostenible.

Por último, la Federación exige a las administraciones públicas un mayor celo en detectar y perseguir los casos de corrupción. Resulta evidente la dificultad que puede entrañar la detección de casos puntuales, pero situaciones sostenidas en el tiempo y prácticamente de dominio público, como las irregularidades en Marbella que han dado origen a la operación Malaya, merecen una reflexión sobre la posible dejación de funciones por parte de las administraciones durante años.

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