Ono cobra 139 euros a usuarios que piden la baja aunque la 'multa' ni siquiera aparezca en sus contratos

FACUA presenta una denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Ono ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tras recibir varias denuncias de usuarios a los que la compañía cobró ilegalmente 139,20 euros por solicitar la baja.

Tras la intervención de FACUA, Ono ha devuelvo el importe o cancelado la factura a varios usuarios afectados. Pero la Federación advierte que Telecomunicaciones debe intervenir para evaluar la magnitud de las irregularidades y valorar una posible sanción a la compañía. Además, hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de usuarios desconocen sus derechos y no reclaman ante este tipo de abusos.

Ono incluso amenaza con llevar a los tribunales a un usuario que se niega a pagar esta multa, aunque en su contrato no aparezca reflejada una posible cuota o sanción por darse de baja, cuya legalidad en todo caso sería cuestionable.

Además, la actitud del departamento de cobros de la compañía es tan disparatada que no sólo factura los 120 euros más IVA por la baja, sino que cuando un usuario devuelve el recibo le advierte que si se retrasa en su pago "procederá a suspender los servicios que tiene contratados" (como si el usuario pretendiese lo contrario) y posteriormente volverá a activárselos, cobrándole por ello otros 8,99 euros.

Cuotas de baja, ilegales

De entrada, resulta ilegal cobrar una "cuota de baja", hecho que ya en junio de 2005 motivó una denuncia de FACUA contra Tele2, que aplicaba una de 30,93 euros (26,66 euros más IVA) en sus servicios de ADSL. Se trata de una cláusula abusiva contraria a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Concretamente, vulnera varios puntos de su disposición adicional primera en conexión con su artículo 10 bis, donde se considera abusiva "la limitación de los derechos del consumidor" o la de su facultad de "resolver el contrato por incumplimiento del profesional", así como "la retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el profesional".

Penalizaciones: legalidad cuestionable

Si el importe por darse de baja no tiene el carácter de cuota sino el de penalización, FACUA advierte que con la legislación vigente en la actualidad, ésta sólo puede aplicarse bajo una serie de condiciones.

En primer lugar, tendría que tratarse de una penalización vinculada a un compromiso de permanencia del cliente a cambio de determinadas condiciones especiales, como la bonificación del alta y equipos. Pero además de venir reflejadas detalladamente en el contrato, estas condiciones podrían anularse si la publicidad de los servicios contratados induce a error. La empresa incurriría en publicidad engañosa si indica, por ejemplo, que el alta es gratis o que se regala un teléfono o un router, sin dejar claro que estos regalos están condicionados a un tiempo de permanencia.

Asimismo, las condiciones de permanencia sólo podrán aplicarse si la empresa envía al usuario de forma fehaciente el contrato donde aparezcan detalladas.

Por otro lado, si la solicitud de baja se produce debido a deficiencias de calidad del servicio y, por tanto, el incumplimiento del contrato por parte de la compañía, la penalización por baja anticipada tampoco podría aplicarse.

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