El juez imputa a altos cargos de Emasesa en la causa por vertidos contaminantes al río Guadalquivir

Desestima así la petición de archivo de la empresa pública. Se investiga el vertido de aguas por parte de tres depuradoras sin el correcto tratamiento que exige la ley

El juez imputa a altos cargos de Emasesa en la causa por vertidos contaminantes al río Guadalquivir
Depuradora de aguas resduales de El Copero. | Imagen: Europa Press.

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha imputado a la cúpula de Emasesa -la empresa pública de aguas de la capital- y a varios altos cargos de la Junta de Andalucía, así como a sus predecesores al cargo, por posible delito mediambiental en la causa que instruye acerca del vertido de aguas al río Guadalquivir sin realizar el correcto tratamiento que exige la ley.

El juez ha desestimado así la petición de la empresa pública de archivar la causa, que había sido incoada contra dicha entidad por posibles delitos contra el medio ambiente por vertidos "contaminantes" de tres de sus estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR), acordando además incorporar a varias personas más a la causa en calidad de investigadas.

En un auto emitido el pasado 28 de julio, dicha instancia judicial da cuenta de que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), "a requerimiento de la Fiscalía y tras una extensa comunicación de Ecologistas en Acción por aparentes irregularidades en varias depuradoras", ha desplegado "una investigación acerca de vertidos de residuos contaminantes derivados de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de El Copero, Tablada y San Jerónimo", pertenecientes a Emasesa.

"Partiendo de los límites y exigencias derivados de la debida observancia de la normativa, el Seprona informa de vertidos de alta potencialidad contaminante, en particular de fósforo y nitrógeno, en las EDAR de El Copero, Tablada y San Jerónimo; siendo así que el exceso de fósforo y nitrógeno produce eutrofización de las aguas e implica un alto consumo del oxígeno disuelto en ellas, impidiendo la vida de los seres vivos", precisa el juzgado, agregando que estos vertidos generan "mal olor, disminuyen la calidad y potabilidad del agua y modifican el ecosistema de los seres vivos acuáticos y de organismos aerobios, pudiendo causar su muerte y eventualmente pudiendo perjudicar la salud humana".

"Potencial perjuicio a las aguas"

Así, el juzgado ve "indicios" de que "en las tres estaciones depuradoras mencionadas, los agentes y sustancias contaminantes podrían afectar gravemente al medio receptor de los correspondientes vertidos de aguas residuales; ocasionando así un potencial perjuicio a las aguas públicas (dominio público hidráulico) declaradas zonas sensibles y, por tanto, de especial protección medioambiental, dada la posibilidad de afectar gravemente a la calidad de las aguas de los ríos, especialmente por el vertido incontrolado de fósforo y nitrógeno totales, con grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales".

Fruto de ello, el Juzgado de Instrucción número seis aprecia indicios de posibles delitos contra el medio ambiente, señalando la condición de denunciados investigados de Emasesa, Drace Infraestructuras como contratista del mantenimiento de la EDAR de El Copero; Francisco Javier P.L. como jefe de dicha planta; Enrique V.R. como jefe de Supervisión de Emasesa; las empresas de la UTE gestora de la EDAR de Tablada; el director de la misma, Rafael María L.S.; el empleado de Emasesa Antonio J.M.; las empresas de la UTE encargada de la EDAR de San Jerónimo; Manuel F.H. como jefe de la citada instalación; y Carlos Rafael T.D. como supervisor de Emasesa.

Las defensas pedían el sobresemiento

Las defensas de Emasesa y de los citados supervisores de tal entidad solicitaban el sobreseimiento de las actuaciones alegando, entre otros aspectos, que "los informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses obrantes en las actuaciones sólo acreditarían la superación de los niveles máximos de vertido permitidos, pero en ningún caso justificarían daños sustanciales a la calidad del medio receptor o perjuicio grave del equilibrio de los sistemas naturales".

No obstante, el juzgado no accede a tal petición dado "el estado de instrucción" de las actuaciones, estando "pendiente de practicar diligencias jurisdiccionales tendentes al pleno esclarecimiento de los hechos", pues las pesquisas, en este momento, "no permiten deducir que el riesgo o peligro detectado resulte insignificante o escasamente relevante".

Es más, para avanzar en la instrucción, el juzgado incorpora además como investigados a José L.F., María Dolores B.G.; Salvador C.L.; Charo M.S.; Iván N.L.; Antonio D.M., Jesús Manuel M.B. y Jaime P.P.

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