FACUA cree que la actuación del Gobierno para fomentar tarifas de agua que incentiven el ahorro puede contribuir a reducir las grandes diferencias entre municipios

Menos de la mitad de las ciudades encuestadas por FACUA combinan la aplicación de tarifas por bloques con factores de corrección en función del número de habitantes de la vivienda.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que una actuación decidida del Gobierno central para fomentar que los ayuntamientos aprueben tarifas de agua que incentiven el ahorro y penalicen el despilfarro puede contribuir a reducir las desproporcionadas diferencias tarifarias que vienen dándose entre municipios.

El pasado diciembre, FACUA presentó un estudio sobre las tarifas de abastecimiento y saneamiento de agua aplicadas de veintiocho ciudades. Veintitrés de ellas establecen tarifas por bloques de consumo, pero sus criterios son muy dispares y no en todos los casos puede considerarse que fomenten el ahorro.

Asimismo, sólo doce municipios, menos de la mitad, aplican factores de corrección a las familias que superen un determinado número de miembros, también con criterios diferentes según la ciudad. Y es que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de habitantes de la vivienda.

El informe de la Federación también puso de manifiesto diferencias de hasta el 325% en las tarifas del suministro domiciliario, lo que representa una diferencia anual en las facturas de nada menos que 247,80 euros, según la ciudad.

FACUA viene defendiendo históricamente el establecimiento de tarifas de agua por tramos, por lo que coincide en este sentido con la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, cree que la cifra de 60 litros por persona y día (esto es, 1,8 metros cúbicos mensuales) como definición de consumo responsable debería, como cualquier otra, estudiarse muy a fondo antes de ser utilizada como criterio para trasladar a los municipios.

Para evitar la disparidad tarifaria, la Federación solicita una norma que establezca una serie de medidas reguladoras a fin de controlar el baile de importes que se da por el consumo de agua según el lugar y la empresa suministradora.

Sin normativa nacional

Además, FACUA recuerda que el agua es el único suministro doméstico sin una norma a nivel nacional que regule los derechos y obligaciones de usuarios y suministradoras.

La Federación lleva años demandando una norma de ámbito nacional que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio, los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

Con la excepción del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta, los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, una dispersión que provoca que no estén garantizados unos requisitos mínimos de calidad del servicio a nivel nacional y la existencia de facturas con conceptos muy dispares y difíciles de entender para los usuarios debido a su complejidad.

Asimismo, FACUA demanda a los ayuntamientos la puesta en marcha de mecanismos de participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y la implantación del ciclo integral del agua, ya que una de las principales carencias existentes en numerosos municipios es la no depuración de las aguas.

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