FACUA reclama que las administraciones públicas protejan a los compradores que han actuado de buena fe en la compra de viviendas ilegales

Los usuarios afectados pueden recurrir al principio de fe pública registral, por el que se presupone la buena fe del comprador mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro.

Ante las numerosas consultas recibidas en las últimas semanas por parte de usuarios que pueden verse afectados por la demolición de viviendas construidas ilegalmente, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que estos casos se pueden evitar administrativamente, y que el problema debe ser controlado desde el principio. En este sentido, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como la normativa urbanística complementaria, regulan los trámites para evitar este tipo de situaciones.

FACUA advierte que para los compradores que han adquirido una vivienda y se encuentran ahora con este problema existe la posibilidad de actuar bajo el principio de fe pública registral, recogido en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, por el que se establece que quien adquiere un inmueble confiando en el Registro debe mantener esa adquisición aunque después se anule o resuelva el del otorgante por causas que no consten en el mismo Registro. En este sentido, se deberá estudiar caso por caso para determinar si los propietarios tenían o no conocimiento de que la licencia no era válida.

Si se ejecutase la demolición y ello provocase el consiguiente daño y perjuicio para los afectados, FACUA recomienda a los compradores que no sólo reclamen a las promotoras que han actuado de forma ilícita, sino también a las administraciones públicas que han actuado incorrectamente, dando la licencia para construir en zonas que no estaban destinadas para ello.

La alarma ha surgido cuando la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Málaga anunció que las viviendas ilegales construidas en la Costa del Sol van a ser demolidas próximamente. Marbella sería la zona más afectada, ya que es la localidad donde existen más viviendas ilegales, que tendrían que ser derribadas si se sigue el Código Penal que, en el artículo 319, contempla esta posibilidad. Sin embargo, la ejecución de esta norma afecta a muchos ciudadanos que compraron en su día su vivienda sin saber que había sido construida ilegalmente.

Una de las soluciones promovidas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), incluyendo algunas de esas viviendas en él. Esta medida afectaría a un 85% de las viviendas, por lo que un 15% tendrían que ser demolidas, ya que se encuentran en zonas de equipamiento urbano, destinadas en un principio a zonas verdes, colegios y otras infraestructuras para la ciudad.

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