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Desprecintado de productos y derecho de desistimiento

En su sentencia de 27 de marzo de 2019, el TJUE aclarˇ que no cabÝa limitar el derecho de desistimiento en productos desprecintados que permitiesen su nueva comercializaciˇn.

Por Jes˙s BenÝtez

El derecho de desistimiento, con origen en las políticas legislativas de la Unión Europea, puede definirse como la facultad irrenunciable que se le reconoce al consumidor y usuario para desligarse de un contrato previamente celebrado, extinguiéndolo o dejándolo sin efecto con su sola declaración de voluntad, sin que resulte necesario alegar causa ni motivo alguno que lo justifique y sin que pueda ser penalizado por ello.

La normativa general de defensa de consumidores y usuarios reconoce el derecho de desistimiento, entre otros supuestos, en materia de contratación a distancia (por ejemplo, vía telefónica u online) y en los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil (por ejemplo, los suscritos en un lugar distinto del inmueble o la instalación móvil en que el empresario ejerce su actividad de forma permanente o habitual). Contempla la posibilidad de que en el plazo de 14 días naturales desde que el consumidor y usuario hubiera dispuesto del producto pueda dejar sin efecto el contrato celebrado comunicándoselo al empresario. El ejercicio del referido derecho lleva aparejada intrínsecamente la entrega o devolución posterior al empresario del producto recibido, así como el reembolso al consumidor de todo pago que hubiera realizado.

Esto obedece a la necesidad de otorgar una protección adecuada a los consumidores en situaciones en las que no han dispuesto de la oportunidad de ver, probar e inspeccionar el producto en unas circunstancias que les permitan verdaderamente valorar su naturaleza, características y buen funcionamiento, así como en aquellas otras en que hubieran podido operar elementos de sorpresa o presión psicológica para su adquisición.

No obstante, la normativa comunitaria (más concretamente, el artículo 16 de la Directiva 2011/83/UU, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Octubre de 2011), traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno en el artículo 103 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LGDCU), contempla una serie de excepciones al reconocimiento del derecho de desistimiento que de forma generalizada opera en el marco de la contratación a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil. Excluye el ejercicio de este derecho en aquellos contratos cuyo objeto consista en "el suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega", entre otros.

A menudo, son numerosos los profesionales y empresas que contractualmente intentan privar a consumidores y usuarios de este derecho de desistimiento con sustento en la excepción prevista en el artículo 103.e) de la LGDCU. Esto es, imponen de forma generalizada estipulaciones en los contratos que prevén la pérdida del derecho de desistimiento por motivos de salud o de higiene una vez retirado el precinto del embalaje o el material de protección del producto, rehusando además el ejercicio del citado derecho una vez comunicada por el consumidor su voluntad de desistir en los plazos legalmente previstos.

A colación de lo anterior, cabe señalar que tanto la normativa estatal como la comunitaria, configuran el derecho de desistimiento como una facultad irrenunciable por el consumidor y usuario, que puede ejercitarse aun cuando previamente no haya sido informado sobre su derecho a desistir o contractualmente se le haya intentado privar de tal derecho. Además, existen pronunciamientos relativamente recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que han venido a delimitar y concretar el contenido de la excepción al derecho de desistimiento prevista en el artículo 16.e) de la Directiva 2011/83/UU, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Octubre de 2011 (traspuesta en idénticos términos a nuestro ordenamiento interno en el artículo 103.e) de la LGDCU).

Más concretamente, en su sentencia de 27 de marzo de 2019 (asunto C‑681/17), el TJUE tuvo ocasión de pronunciarse sobre si la mencionada excepción resultaba de aplicación a la compraventa a distancia de un colchón cuya protección había sido retirada por el consumidor después de la entrega del producto, concluyendo que en tales supuestos no cabía entender que tuviera cabida la pérdida del derecho a desistir del consumidor.

En su resolución, el TJUE señaló que la pérdida del derecho de desistimiento en la compraventa a distancia por el desprecinto de productos tras su entrega con sustento en motivos de salud o de higiene debía interpretarse de forma estricta, ya que limita los derechos otorgados a los consumidores y usuarios para su adecuada protección. En el apartado 40 de la referida sentencia, el TJUE sostiene que la pérdida del derecho de desistimiento tras haber sido retirado el precinto del embalaje del producto "solo es aplicable cuando [...] el bien que contiene deja definitivamente de estar en condiciones de ser comercializado por razones de protección de la salud o de higiene, puesto que la propia naturaleza de este bien hace imposible o excesivamente difícil que el comerciante adopte medidas que le permitan ponerlo de nuevo a la venta sin contravenir alguno de estos imperativos".

Como puede apreciarse, el Tribunal de Justicia entiende que será aplicable la excepción al derecho de desistimiento en la medida en que, por la naturaleza del producto, el desprecintado del embalaje determine que este definitivamente pueda volver a comercializarse por razones de salud o higiene. Por contra, no cabe admitir la limitación al derecho de desistimiento para productos cuya naturaleza permita la adopción de medidas que puedan situarlo nuevamente en condiciones de venta, en cuyo caso el consumidor dispondría del derecho a dejar sin efecto el contrato celebrado en los plazos legalmente previstos.

Más aún, el TJUE afirma en su sentencia de 27 de marzo de 2019 que el mero hecho de que el colchón pueda haberse utilizado o entrado en contacto con el cuerpo humano no tiene por qué entrañar que deje definitivamente de estar en condiciones de poder utilizarse nuevamente por un tercero, o poder comercializarse de nuevo tras un tratamiento de limpieza o desinfección por el empresario.

Con todo, no debe obviarse que el considerando 47 de la Directiva 2011/83/UU, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, expresamente señala que para la prueba e inspección de los productos adquiridos a distancia o fuera del establecimiento mercantil el consumidor solo debe realizar las mismas manipulaciones e inspecciones que las que se admitirían en un establecimiento mercantil, debiendo llevarse a cabo con el debido cuidado durante el período de prueba y asumiendo la responsabilidad sobre cualquier depreciación que el producto pudiera padecer. Esto hace aconsejable evitar un uso del producto que pudiera entrañar el deterioro o una disminución de su valor durante el mencionado periodo de desistimiento.

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Jesús Benítez es abogado y miembro del equipo jurídico de FACUA.

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